a discusión que dejó el discurso de apertura de sesiones del gobernador Gustavo Melella instaló una agenda legislativa amplia en un contexto de retracción de recursos nacionales, programas que dejaron de financiarse y mayor presión sobre las cuentas provinciales. El oficialismo anticipó que el año estará atravesado por proyectos urgentes, debates estructurales y tensiones institucionales con el Gobierno nacional.
Federico Greve, legislador provincial y autoridad de Cámara, evaluó el mensaje del Ejecutivo y consideró que el tono fue “muy pragmático” en comparación con años anteriores. “El discurso del primero de marzo es un discurso de balance de gestión generalmente”, sostuvo, pero esta vez “ameritaba este pragmatismo para poder entender cuál es la situación tan grave que vive Tierra del Fuego y vive la Argentina”.
El legislador afirmó que la exposición describió con claridad la caída de ingresos y el impacto de decisiones nacionales sobre servicios esenciales. “Me pareció muy correcto pudiendo contar verdaderamente cuál es la retracción de recursos que tiene la provincia, los inconvenientes que tenemos en salud y con los programas nacionales que se retiraron y la provincia se está haciendo cargo”, señaló. Remarcó que la situación económica “es complicada a nivel nacional y eso repercute en la provincia”, lo que obliga a redefinir prioridades en todos los poderes del Estado.
En esa línea, Greve planteó que el mensaje fue también un llamado a ordenar gastos. “Fue dejar en claro que la situación es compleja para todos”, afirmó, y agregó: “No escapa ni a un municipio, ni al gobierno, ni a la Legislatura ni al Poder Judicial”. El escenario de recurso escaso obliga a “ser más ingeniosos que nunca” para sostener políticas públicas.
En el plano político, consideró que el debate se da en un clima social distinto. Señaló que la “gente quiere otra cosa” y que la dirigencia debe adaptarse sin perder principios. Habló de una sociedad desencantada y de un modo de discusión más frontal, aunque aclaró que no comparte ciertas formas.
Respecto de la agenda parlamentaria, indicó que el Ejecutivo enviará más de 20 proyectos. “El gobernador nos contó que tiene alrededor de más de 20 leyes para presentar”, afirmó. El desafío, dijo, será establecer prioridades y construir mayorías en una cámara fragmentada.
Recordó que la Legislatura tiene ocho bloques y quince legisladores. “Cualquier posibilidad de avanzar en una ley es parte de poder charlar con cada uno de los bloques y buscar las voluntades”, explicó. Anticipó que habrá iniciativas de tratamiento más sencillo y otras de debate complejo, como las vinculadas a OSEF o al cobro por uso de infraestructura hidrocarburífera. “Hay cosas urgentes”, sostuvo, pero advirtió que “lo urgente no deja tiempo a lo importante”.
Entre los temas a discutir mencionó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Consideró que no debe descartarse como herramienta si genera empleo y respeta controles. “No veo un problema en crear una herramienta que se va a tornar operativa cuando existe una inversión”, expresó. Remarcó que la Provincia cuenta con “una constitución que protege bastante bien al medio ambiente” y una Legislatura capaz de ejercer control. “Si es una herramienta más para que exista una inversión… nosotros vamos a primar el trabajo fueguino”, afirmó.
Vinculó esa discusión con la situación productiva, especialmente en el norte provincial. “En Tierra del Fuego están cerrando fábricas, están desvinculando compañeros”, advirtió. Sostuvo que deben generarse “todas las herramientas que son necesarias” si el régimen “verdaderamente va a traer trabajo fueguino”.
En el plano institucional, volvió a cuestionar la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por Nación. “Entendemos que esta resolución es totalmente ilegal… y es una intervención encubierta”, afirmó, y anticipó que el planteo continuará en la justicia. Esperan que el conflicto llegue a la Corte Suprema, a la que definió como “la última ratio ante estos conflictos entre provincias y nación”.
También criticó que el juzgado federal se declarara incompetente y remitiera el expediente a la Corte en un contexto de demoras. Advirtió que una cautelar podría demorar años y que existe el riesgo de consolidar un precedente. “Esto puede llegar a ser un método para intervenir más de una institución de las provincias argentinas”, sostuvo.
Greve ratificó su respaldo a la reforma constitucional provincial y remarcó que la discusión no implica reescribir todo el texto. “Voté la ley de la reforma”, señaló, y precisó: “Se reforman 60 artículos de 205, no se reforma toda la Constitución”. También buscó despejar un punto de debate público: “No hay ningún artículo que hable de la reelección del gobernador”, afirmó.
El legislador enumeró los ejes que, a su criterio, deben revisarse en la reforma. “El instituto del Consejo de la Magistratura, del fiscal de Estado, los cargos vitalicios, la reelección indefinida de los legisladores, el gasto público… todo eso hay que revisarlo”, sostuvo. En ese marco, señaló que la necesidad de actualización se vincula con el clima social actual: “Me parece que es el momento porque hay un cambio de era”.
Desde su experiencia en el Consejo de la Magistratura, Greve indicó que hubo mejoras en composiciones recientes, pero consideró que aún faltan cambios estructurales. “Hay un montón de cosas que se pueden mejorar”, dijo, y agregó que se necesitan “otras vueltas de rosca a nivel institución”. En particular, planteó ampliar la participación: “Me parece que es importante que haya mayor participación, que sean más los actores que intervengan en la selección y remoción de jueces”.
Para Greve, la discusión se conecta con la confianza social en el sistema judicial, sostuvo que allí deben estar los mejores profesionales. Advirtió que el desafío es evitar designaciones sin criterios sólidos. En ese sentido, señaló que existe una demanda social de cambios, no sólo hacia la política. “Hay un descreimiento también hoy con la justicia”, afirmó, y planteó la necesidad de revisar tiempos y procedimientos: “Hay ciertas cosas de la justicia que podrían hacerse más rápido, que podría haber otra selección de jueces”, además de discutir un “Instituto Fiscal mucho más fuerte independiente del Poder Judicial”.
Con ese marco, el oficialismo prevé un año legislativo de debates simultáneos: urgencias económicas, herramientas de inversión y discusiones institucionales de largo alcance. Greve sostuvo que el desafío será evitar que la coyuntura tape los temas estructurales y lograr acuerdos en una Legislatura dividida, con iniciativas que, según anticipó, requerirán negociación política y control institucional sostenido.
