a Dirección Provincial de Puertos presentó reclamos administrativos para exigir precisiones sobre la intervención nacional en el área logística del puerto de Ushuaia, solicitar la restitución de recaudaciones y requerir información detallada sobre el manejo de recursos públicos, con el objetivo de sostener la rendición ante los organismos de control provinciales.
El presidente del organismo, Roberto Murcia, afirmó que antes de la intervención se respondió en tiempo y forma cada requerimiento vinculado a los fondos cuestionados. “Desde que nosotros recibimos la primera nota, cuando nos pidieron explicaciones sobre la Ley que habilitaba fondos hacía la OSEF, nosotros cumplimos en informar que esos 4.000 millones no habían salido del puerto, y respondimos a cada uno de los requerimientos en los plazos administrativos a la ANPYN”, señaló. Y remarcó : “Cada una de las notas y de las solicitudes administrativas que ellos hicieron, nosotros cumplimos dentro de los plazos establecidos, no es que hemos dejado vencer ningún tipo de plazo”.
Según indicó, al momento en que se ejecutó la medida todavía corrían los plazos para contestar una última comunicación. “Nos encontrábamos dentro de los plazos administrativos para contestarle una última nota que había llegado a fin de diciembre”, explicó, y sostuvo que incluso no había sido notificado formalmente del acto que dispuso la intervención cuando comenzó a implementarse.
Murcia detalló que, una vez producida la medida, la Dirección Provincial de Puertos remitió nuevas notas para requerir información concreta sobre la gestión actual. “Le hemos pedido el listado de personas que están trabajando en el área logística, le hemos pedido cuál es el plan de la intervención que van a llevar adelante”, afirmó. También señaló que solicitaron datos sobre facturación y movimientos financieros. “Queremos saber qué están haciendo con los fondos públicos, porque son fondos de la provincia de Tierra del Fuego y yo debo rendir cuenta a mis organismos de contralor”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que las recaudaciones no estarían ingresando a las cuentas habituales del organismo. “Las recaudaciones en este momento están siendo desviadas a una cuenta en el Banco Nación, una cuenta a nombre de la ex AGP”, indicó. Y remarcó: “La titularidad del dominio, del puerto, del área logística, es de la provincia de Tierra del Fuego, eso que quede bien claro”.
El funcionario rechazó además los cuestionamientos sobre el estado operativo del puerto previos a la intervención. “Están manifestando un relato. El puerto sigue funcionando normalmente, no ha cambiado absolutamente nada”, afirmó. Y agregó: “Los barcos siguen operando, simplemente que no están en el control de la provincia, están en el control de ellos”. En esa línea, señaló que la diferencia radica en la administración y en la situación del personal: “Hay hoy 90 trabajadores que no pueden ingresar a desarrollar su trabajo”.
Murcia sostuvo que la operatoria actual responde a una planificación previa y no a decisiones adoptadas tras la intervención. “La programación de la temporada y todo el trabajo que se hizo con el sector privado y el sector público es de hace dos años atrás, no es que la hizo la intervención a partir del día 21 de enero”, expresó.
Respecto de la acusación sobre un supuesto desvío de fondos, reiteró que el organismo respondió formalmente y negó las transferencias cuestionadas. “Cuando a nosotros nos solicitaron una explicación mediante nota, nosotros inmediatamente le respondimos que no le habíamos transferido”, señaló. Además, precisó que las colocaciones financieras realizadas se ajustaron a la normativa y contaron con supervisión. “Las colocaciones financieras que nosotros habíamos hecho estaban acorde a la ley, inclusive autorizadas y supervisadas por el Tribunal de Cuentas, y habían sido en dos préstamos reintegrables con intereses para dos causas totalmente sociales, que son hospitales de Río Grande y el Centro de Rehabilitación”, afirmó.
Finalmente, confirmó que continuarán las acciones administrativas y judiciales contra la intervención federal del área operativa del Puerto de Ushuaia. “Seguimos reclamando administrativamente y por supuesto que vamos a seguir todo lo que es el camino judicial, eso no hay ninguna duda”, concluyó.
