l cumplirse diez años de la puesta en funcionamiento del Colegio de Profesionales Técnicos, la entidad presentó formalmente un proyecto de modificación de la Ley Provincial 595 con el objetivo de modernizar el marco regulatorio que rige el ejercicio de la actividad en la provincia.
La iniciativa fue firmada por las principales autoridades de la institución: el presidente Enrique Robinson Vargas, el secretario Cristian Hoyos y el tesorero José Luis Tabares. Según se informó, el propósito central es fortalecer el sistema de matriculación profesional y precisar con mayor claridad las competencias del Colegio en materia de regulación y control del ejercicio técnico.
Desde la institución señalaron que la experiencia acumulada durante una década de funcionamiento permitió identificar aspectos de la legislación vigente que requieren actualización para mejorar la organización del registro profesional y garantizar mayor transparencia normativa. En ese sentido, la propuesta apunta a dotar de mayor claridad a la ley, asegurar un adecuado control del ejercicio profesional y resguardar el interés público frente a las distintas actividades técnicas que se desarrollan en el territorio provincial.
Uno de los puntos centrales del proyecto se encuentra en la modificación del artículo 7 de la normativa. Allí se establece con mayor precisión que el Colegio de Profesionales Técnicos tendrá la responsabilidad de registrar y administrar la matrícula profesional, la cual deberá organizarse de acuerdo con las especialidades declaradas por cada matriculado. Para ello, se tomará como referencia la certificación de estudios cursados, los títulos habilitantes y otros antecedentes que acrediten la formación técnica correspondiente.
La propuesta también refuerza el carácter obligatorio de la matriculación para todos los profesionales técnicos que deseen ejercer su actividad dentro del ámbito provincial. De aprobarse la reforma, quienes pretendan desempeñarse en el sector deberán cumplir con una serie de requisitos formales ante el Colegio, entre ellos la presentación del título habilitante o del certificado analítico de estudios emitido por centros de formación profesional reconocidos.
Además, los aspirantes deberán acreditar su identidad mediante documentación válida, constituir domicilio real y legal en la provincia —o en su defecto denunciar un domicilio especial para el ejercicio profesional— y demostrar que no se encuentran inhabilitados o suspendidos para desempeñar su actividad por decisión de autoridad competente. A estos requisitos se suma el pago del derecho de matriculación y de las contribuciones que establezca el Colegio de acuerdo con su normativa interna.
Otro de los aspectos contemplados en el proyecto se refiere a las condiciones necesarias para integrar la Comisión Directiva de la institución. En este punto, la reforma establece que quienes aspiren a ocupar cargos en el órgano de conducción deberán contar con una antigüedad mínima de cinco años continuos en el ejercicio de la profesión y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos como matriculados.
Desde el Colegio de Profesionales Técnicos sostienen que estos cambios permitirán consolidar un sistema institucional más ordenado y eficiente, con reglas claras tanto para los profesionales como para la comunidad. Asimismo, consideran que la actualización de la ley contribuirá a asegurar estándares homogéneos de idoneidad y responsabilidad profesional, elementos clave para fortalecer la confianza pública en las actividades técnicas.
La propuesta de reforma ahora deberá avanzar en el ámbito legislativo provincial, donde será analizada como parte de un proceso destinado a actualizar la normativa que regula el ejercicio de las profesiones técnicas y a adecuarla a las nuevas demandas del sector productivo y de la sociedad.
