a política argentina suele mostrar diferencias marcadas en el trato entre provincias según su alineamiento con el poder central. El caso del financiamiento para la central termoeléctrica de Ushuaia vuelve a poner en evidencia una lógica tan vieja como persistente: la de premiar a los propios y relegar a los ajenos.
Para referirse al trato desigual entre personas con iguales derechos, el saber popular acuñó la frase “unos son hijos y otros entenados”. Los hijos son los descendientes directos; los entenados —hoy diríamos hijastros— representan, en el lenguaje coloquial, a quienes reciben menos consideración y menos beneficios.
La política argentina parece haber hecho de esa lógica una práctica habitual. Los gobiernos suelen privilegiar a quienes se alinean con su proyecto político, mientras que quienes se ubican en la vereda opuesta quedan relegados, postergados o, directamente, ignorados. El financiamiento frustrado para la nueva central termoeléctrica de Ushuaia es un ejemplo bastante elocuente.
A fines de diciembre de 2022 la Legislatura fueguina autorizó al Ejecutivo provincial a realizar una operatoria crediticia de hasta 70 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El objetivo era financiar la construcción y equipamiento de una nueva central termoeléctrica en Ushuaia, una obra estratégica para mejorar un sistema energético que ya mostraba señales evidentes de agotamiento.
La situación no era menor: el parque de generación eléctrica de la capital fueguina tenía serias dificultades para garantizar la prestación normal del servicio y mucho menos para responder a un eventual aumento de la demanda derivado del crecimiento poblacional o de la llegada de nuevos proyectos productivos.
En agosto de 2023 la Legislatura ratificó el contrato de préstamo con la CAF y el contrato de contragarantía que debía firmarse entre la Provincia y el Gobierno nacional. El crédito contemplaba una tasa variable equivalente a la tasa SOFR más un 2% de margen y sería devuelto en 120 cuotas semestrales, comenzando el pago cinco años y medio después de la firma.
Como garantía de pago se cedían los derechos sobre la coparticipación federal de impuestos, mientras que la Nación debía actuar como garante de la operación. Era un paso administrativo imprescindible para que el financiamiento pudiera concretarse.
Pero ese paso nunca llegó.
El clima de campaña electoral que atravesaba el país en 2023, con la disputa presidencial entre el entonces ministro de Economía Sergio Massa y el libertario Javier Milei, terminó paralizando el visto bueno nacional a la operatoria. El gobernador Gustavo Melella se encontraba alineado políticamente con Massa y el peronismo gobernante.
Con la llegada de Milei a la Presidencia y de Luis Caputo al Ministerio de Economía, la autorización para la contragarantía siguió congelada. Desde Nación se argumentó que la delicada situación económica del país impedía avanzar con nuevas garantías soberanas.
El argumento, sin embargo, empezó a perder consistencia pocos meses después. A partir de junio de 2024 el Gobierno nacional comenzó a autorizar operaciones de crédito similares para otras provincias que requerían exactamente el mismo aval. Salta, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén y Chaco obtuvieron el visto bueno. Tierra del Fuego, no.
En agosto de ese año el entonces legislador libertario fueguino Agustín Coto intervino en el tema y mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Tras el encuentro, ambos señalaron que el Gobierno nacional otorgaría la garantía soberana necesaria para destrabar el financiamiento.
“Estuvimos con el ministro Francos viendo la factibilidad de avanzar con ello y que la provincia pueda contar con este visto bueno”, sostuvo entonces Coto.
Pero el anuncio quedó en eso: un anuncio.
Los meses pasaron, el año terminó y la autorización nunca se concretó. Mientras tanto, otras provincias —como Río Negro, Mendoza y Córdoba— siguieron obteniendo garantías soberanas para acceder a financiamiento internacional.
Ante ese escenario, el Gobierno provincial decidió buscar otra alternativa. El gobernador Melella firmó finalmente un contrato con la empresa china Rainbow International Xi’an Engineering para construir la nueva central termoeléctrica de Ushuaia por más de 60 millones de dólares, dejando atrás la operatoria con la CAF.
La obra comenzó a ejecutarse a principios de 2026 y tendrá un plazo estimado de 18 meses. Para entonces, Agustín Coto ya había sido elegido senador nacional por Tierra del Fuego y había asumido su banca a mediados de diciembre de 2025.
El episodio deja una conclusión difícil de ignorar. Más allá de los discursos sobre la “casta”, la renovación de la política o la promesa de terminar con los privilegios, las prácticas parecen cambiar bastante menos de lo que se declama.
Porque cuando llega el momento de tomar decisiones concretas, la política argentina sigue funcionando, demasiadas veces, bajo la vieja lógica de siempre: algunos son hijos… y otros siguen siendo los entenados.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
