l Gobierno rechazó la solicitud de reversión parcial de tres áreas de explotación hidrocarburífera presentada por una unión transitoria de empresas (UTE) encabezada por Roch S.A., al advertir incumplimientos sustanciales en los compromisos de inversión y riesgos asociados a pasivos ambientales.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución del Ministerio de Energía N° 43/26, firmada el 12 de marzo, que además intimó a la concesionaria a regularizar su situación bajo apercibimiento de avanzar con un proceso de caducidad de las concesiones.
El pedido de la empresa, ingresado a fines de octubre de 2025, contemplaba la restitución a la Provincia de 210,3 km² de la concesión CA-12 Río Cullen, 536,28 km² de la CA-13 Las Violetas y 228,9 km² de la CA-14 Angostura, ubicadas en el norte provincial. En conjunto, la superficie involucrada representa casi el 50% de los 1.981,97 km² concesionados.
Sin embargo, el 20 de noviembre de 2025 el Ministerio de Energía ya había advertido que la empresa había incurrido en incumplimiento sustancial de sus obligaciones, lo que impedía avanzar con cualquier tipo de reversión, y en ese marco exigió la verificación del cumplimiento integral de esas obligaciones.
Además, se detectaron diversas irregularidades que requerían corrección inmediata, por lo que se solicitó a Roch la presentación de un plan de acción para su regularización que, según el Gobierno, aún no fue presentado.
Pese a ese escenario, la empresa rechazó el planteo oficial y sostuvo que la reversión parcial constituye un derecho propio de la concesionaria. También aseguró que sus obligaciones estaban regularizadas y notificó que comenzaría a pagar el canon d explotación únicamente sobre los 1.006,49 Km2 de superficie que conservaría.
Desde el Ejecutivo provincial, en cambio, señalaron un “marcado incumplimiento” de los compromisos de inversión asumidos, con una caída sostenida de la actividad y una ejecución prácticamente nula en el período reciente. Según indicaron, el pedido de reversión no responde al agotamiento de los yacimientos, sino “a una estrategia de desinversión selectiva sostenida durante los últimos cinco años”.
Las autoridades advirtieron además que la maniobra podría implicar la transferencia de pasivos ambientales al Estado provincial, especialmente en áreas con pozos que requieren abandono definitivo, lo que comprometería recursos públicos.
En ese contexto, el Ministerio de Energía remarcó que la reversión de áreas no constituye un derecho automático, sino que está sujeta a la aprobación de la autoridad de aplicación y condicionada al cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como a la entrega de las áreas en condiciones técnicas y ambientales adecuadas.
La resolución también dispuso la suspensión del trámite hasta tanto la empresa garantice el cumplimiento integral de sus obligaciones. Para ello, deberá presentar un informe de pasivos ambientales y una auditoría de integridad mecánica que deberán ser aprobados por la autoridad provincial.
Mientras tanto, la UTE mantiene plena responsabilidad sobre la totalidad de las áreas concesionadas, incluida la obligación de abonar el canon de explotación de manera completa y sin deducciones unilaterales.
