l escándalo por las viviendas de ATE en Ushuaia avanza hacia una instancia clave. El Tribunal de Juicio de la capital fueguina tiene previsto iniciar el próximo 18 de mayo el debate oral y público contra el secretario general del gremio estatal, Carlos Córdoba, y el referente del área de Vivienda, Miguel Ángel Arana, acusados de haber montado una maniobra fraudulenta para ofrecer adjudicaciones de casas a cambio de dinero.
Según surge del expediente judicial, al que accedió el portal Actualidad TDF, la causa llega a esta instancia con 22 hechos calificados como estafas. Las víctimas habrían entregado importantes sumas de dinero con la expectativa de acceder a una vivienda en el barrio “128 Viviendas ATE”, un proyecto que se desarrolló en articulación con el Instituto Provincial de Vivienda (IPV).
En ese contexto, la acusación sostiene que el sindicato tenía un rol central en la confección de los listados de beneficiarios, mientras que el IPV se limitaba a verificar requisitos formales, delegando en la práctica la operatoria en la organización gremial durante la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone.
Sin embargo, lejos de tratarse de un hecho aislado, la causa tiene antecedentes que se remontan varios años atrás. Ya en 2018 la Justicia provincial investigaba a una decena de imputados por la “comercialización” irregular de adjudicaciones de viviendas, incluso a personas ajenas al gremio, en una operatoria que habría generado millonarias pérdidas para los damnificados .
Posteriormente, en 2019, el juez de instrucción Javier De Gamas Soler procesó a Córdoba, Arana y otros implicados por delitos de estafa y defraudación, al considerar acreditada la existencia de un plan destinado a obtener dinero mediante promesas de acceso a la vivienda propia . La investigación determinó que las maniobras habrían permitido recaudar más de 8 millones de pesos y unos 52 mil dólares antes de 2018 .
En esa misma línea, la Cámara de Apelaciones confirmó posteriormente el procesamiento de Córdoba, señalando que la operatoria habría sido “minuciosamente ideada” para aprovechar una necesidad tan sensible como el acceso a la vivienda .
De acuerdo con la hipótesis fiscal, si bien Arana tenía a su cargo la gestión directa del área de Vivienda, Córdoba no podía desconocer la maniobra. Durante la instrucción se acreditó que el dirigente no solo realizaba gestiones ante el IPV, sino que además recibía reclamos de afiliados que denunciaban haber pagado sin obtener respuesta.
Ambos imputados enfrentan cargos por estafa, administración fraudulenta y falsificación ideológica de documentos. En tanto, otros integrantes del gremio que habían sido investigados en etapas iniciales fueron sobreseídos.
Por otra parte, el juicio también incluirá a Erik Enrique Moscoso Panozo, acusado de lavado de activos. La investigación sostiene que parte del dinero obtenido de manera ilícita habría sido canalizado hacia la compra de maquinaria y la conformación de una empresa.
Este tramo del expediente presenta uno de los puntos más controvertidos del caso. En un principio, Arana y su esposa también estaban imputados por lavado, pero fueron desvinculados tras acordar una “reparación integral del daño” con el Estado, que incluyó la entrega de una retroexcavadora. La decisión fue avalada por el fiscal Daniel Curtale y el juzgado interviniente, aunque sin participación del IPV, que actualmente actúa como querellante.
Mientras tanto, el inicio del juicio aún no está completamente asegurado. Las defensas de los imputados solicitaron la suspensión del proceso a prueba, un planteo que fue rechazado en primera instancia y que ahora se encuentra bajo análisis de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.
En ese escenario, el tribunal de alzada deberá definir en los próximos días si el debate oral comienza en la fecha prevista o si el proceso vuelve a dilatarse. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de los acusados, sino también el esclarecimiento de uno de los casos más resonantes vinculados al acceso a la vivienda en Tierra del Fuego.
