n medio de un escenario político marcado por tensiones institucionales, el legislador provincial Federico Greve (FORJA) adelantó que la Legislatura de Tierra del Fuego avanzará en una convocatoria amplia para analizar la intervención federal del puerto de Ushuaia. La iniciativa incluirá al Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, autoridades portuarias y representantes de los trabajadores, con el objetivo de reunir información completa antes de definir acciones concretas.
En este sentido, Greve remarcó que la prioridad es “escuchar todas las campanas” y construir una mirada integral sobre el conflicto. Según explicó, hasta ahora existen versiones parciales provenientes tanto del Ejecutivo provincial como del ámbito nacional, además de los propios trabajadores, lo que obliga a la Legislatura a asumir un rol activo para clarificar la situación.
Asimismo, el legislador sostuvo que la reunión será clave para determinar los pasos a seguir, que podrían incluir el acompañamiento político y judicial al reclamo del Gobierno provincial. No obstante, advirtió que cualquier definición dependerá del análisis que realicen los distintos bloques en una Legislatura fragmentada, donde la búsqueda de consensos resulta imprescindible.
Por otra parte, Greve volvió a cuestionar los fundamentos de la intervención federal, al considerar que no existen pruebas de irregularidades que justifiquen la medida. Incluso expresó dudas sobre el destino de los recursos del puerto bajo la órbita nacional, al tiempo que señaló contradicciones en los argumentos esgrimidos por sectores que respaldaron la intervención.
No a la Intervención, Si a la Reforma
En paralelo a este conflicto coyuntural, el legislador puso el foco en un debate estructural: la necesidad de avanzar hacia una reforma constitucional en la provincia. A su entender, se trata de una “oportunidad histórica” para modernizar el funcionamiento institucional y corregir aspectos que considera desactualizados.
En particular, Greve se mostró a favor de revisar el sistema de selección y remoción de jueces, en línea con las recientes discusiones impulsadas a nivel nacional. Según indicó, el actual esquema presenta limitaciones y requiere cambios que garanticen mayor transparencia, pluralidad y control.
Además, cuestionó la existencia de cargos vitalicios dentro del sistema institucional fueguino, como el del fiscal de Estado en el Consejo de la Magistratura. En esa línea, planteó que este tipo de figuras concentran excesivo poder y deben ser reemplazadas por mecanismos más equilibrados y con renovación periódica.
Finalmente, el legislador también se pronunció en contra de las reelecciones indefinidas, al considerar que forman parte de un esquema que necesita ser actualizado. Para Greve, la reforma constitucional no solo debe abordar el sistema judicial, sino también revisar el funcionamiento político en su conjunto, con el objetivo de fortalecer la calidad institucional en Tierra del Fuego.
