ajo el argumento de “fortalecer el control democrático y la transparencia en la administración de los recursos naturales y bienes del dominio público provincial”, el bloque parlamentario del Movimiento Popular Fueguino presentó un proyecto de ley que exige la aprobación legislativa previa en toda concesión, permiso o autorización que involucre la explotación de recursos naturales. La iniciativa introduce un cambio de fondo que podría alterar significativamente el funcionamiento de actividades económicas centrales para el desarrollo de la provincia.
Actualmente, el sistema provincial se basa en un modelo técnico-administrativo. El Poder Ejecutivo, a través de sus organismos, regula y otorga permisos en función de criterios ambientales, productivos y de sustentabilidad.
El único caso en el que interviene obligatoriamente la Legislatura es el previsto en el artículo 84 de la Constitución, referido a concesiones hidrocarburíferas que deben contar con el acompañamiento de una mayoría agravada. El proyecto busca extender ese mecanismo, aunque con mayoría simple, al resto de los recursos naturales, eliminando así lo que se considera una “asimetría” institucional.
El cambio no es menor. De aprobarse, quedarían alcanzadas prácticamente todas las actividades vinculadas al uso de recursos naturales. Entre ellas, la pesca comercial y artesanal, la acuicultura, la explotación forestal, la minería, la extracción de turba, el uso de recursos hídricos, la adjudicación de tierras fiscales, las concesiones en áreas protegidas y los emprendimientos turísticos o productivos asociados. También incluiría habilitaciones para industrias derivadas, como plantas pesqueras o forestales.
En el esquema vigente, muchas de estas actividades funcionan mediante permisos administrativos relativamente ágiles, sujetos a controles técnicos y evaluaciones de impacto ambiental. La intervención legislativa obligatoria en cada caso introduciría una instancia política que suma complejidad al proceso.
Uno de los puntos más críticos del proyecto es la ausencia de plazos para que la Legislatura se expida. Sin un término definido, cada concesión o autorización podría quedar sujeta a intereses y tiempos políticos inciertos, lo que abre la posibilidad de un efecto concreto: el freno o la paralización de actividades productivas que dependen de decisiones oportunas para operar.
En sectores como la pesca, donde los permisos deben ajustarse a temporadas, cuotas y condiciones biológicas, una demora legislativa podría implicar la pérdida de campañas completas. Lo mismo podría ocurrir en la explotación forestal o en proyectos turísticos y productivos que requieren previsibilidad. Incluso la gestión de recursos hídricos o tierras fiscales podría verse afectada por la falta de definiciones en un tiempo razonable.
El proyecto fue ingresado, tomó estado parlamentario y fue girado a las comisiones de Legislación General y de Economía durante la sesión realizada el pasado viernes 27 de marzo.
La Comisión de Legislación general es presidida por el Legislador Raúl Von Der Thusen (Somos Fueguinos) y la integran también Victoria Vuoto y Juan Carlos Pino (PJ); Federico Greve y Myriam Martínez (FORJA); Natalia Gracianía (LLA); Matías Lapadula (PG); Pablo Villegas (MPF); María Laura Colazo (PV); Gisela Dos Santos (ST) y Jorge Lechman (SF).
En tanto, la Comisión de Economía es conducida por Matías Lapadula (PG) e integrada por Juan Carlos Pino y Victoria Vuoto (PJ); Federico Sciurano y Myriam Martínez (FORJA); Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman (SF); Natalia Gracianía (LLA); Damián Löffler (MPF); María Laura Colazo (PV) y Gisela Dos Santos (ST).
