a promoción de inversiones en la ciudad más austral avanza sin exigir responsabilidad sobre el impacto en servicios básicos, profundizando un modelo que socializa costos y privatiza beneficios.
Como viene sucediendo, Ushuaia atraviesa un proceso de expansión inmobiliaria que, lejos de ser un fenómeno aislado, responde a una serie de incentivos económicos y fiscales que la posicionan como una plaza altamente rentable. Sin embargo, mientras se multiplican los anuncios de nuevos desarrollos y se celebran los beneficios para inversores, la discusión sobre los límites reales de la ciudad permanece relegada.
En efecto, el modelo actual promueve la construcción de edificios en propiedad horizontal como solución a un déficit habitacional y a una demanda turística en crecimiento. Los propios desarrolladores destacan la rentabilidad del negocio, con retornos elevados y ventajas impositivas excepcionales que convierten a Ushuaia en un destino atractivo para el capital . No obstante, esta lógica, centrada casi exclusivamente en la ecuación financiera, omite deliberadamente una variable crítica: la infraestructura urbana disponible.
Por un lado, el crecimiento demográfico y turístico es innegable. La ciudad ha registrado un incremento poblacional significativo en la última década y mantiene un flujo constante de visitantes, en un territorio geográficamente limitado . Pero, por otro lado, ese mismo contexto exige una planificación urbana rigurosa, que articule el desarrollo inmobiliario con la capacidad de respuesta de los servicios públicos. Y es precisamente allí donde el modelo comienza a mostrar sus fallas más evidentes.
En consecuencia, cada nuevo edificio no es solo una inversión privada: es, también, una nueva carga sobre redes de energía, agua potable, cloacas y gas natural que ya operan al límite. Sin embargo, esta realidad rara vez forma parte del discurso de promoción. Se instala, en cambio, una narrativa simplificada en la que construir equivale automáticamente a desarrollar, sin contemplar que ese crecimiento puede ser, en los hechos, profundamente insostenible.
Asimismo, resulta particularmente preocupante la ausencia de mecanismos que obliguen a los desarrolladores a internalizar los costos que generan. Es decir, se habilitan proyectos que incrementan la demanda de servicios sin exigir inversiones equivalentes en la ampliación o mejora de la infraestructura. De este modo, el costo del crecimiento se traslada al conjunto de la sociedad, ya sea a través de la saturación de redes, la caída en la calidad de los servicios o la necesidad de futuras inversiones públicas financiadas por todos.
En este sentido, el régimen fiscal especial, que reduce significativamente la carga impositiva sobre las inversiones, termina operando como un incentivo desbalanceado. Mientras se otorgan beneficios para atraer capitales, no se establecen condiciones claras para garantizar que ese capital contribuya al sostenimiento de la ciudad. Así, Ushuaia no solo subsidia indirectamente el negocio inmobiliario, sino que además asume las consecuencias de su expansión desordenada.
Por otra parte, el perfil de los desarrollos refuerza esta lógica. Muchos proyectos están orientados a la renta turística o a segmentos de altos ingresos, con unidades pensadas más como activos financieros que como soluciones habitacionales. En consecuencia, el crecimiento edilicio no necesariamente se traduce en un acceso más equitativo a la vivienda, sino que puede profundizar desigualdades y tensiones sociales.
Al mismo tiempo, la falta de planificación integral genera un efecto acumulativo difícil de revertir. Cada edificio que se construye sin considerar la capacidad de los servicios públicos agrava un problema estructural que, llegado cierto punto, puede derivar en un colapso generalizado. Y cuando ese límite se alcanza, las soluciones suelen ser tardías, costosas y, muchas veces, insuficientes.
Por ello, resulta imprescindible cambiar el enfoque. Promover inversiones no puede ser sinónimo de habilitar construcciones sin control ni exigencias. Por el contrario, debería implicar un marco regulatorio que condicione el desarrollo inmobiliario a la disponibilidad real de infraestructura y que obligue a los actores privados a participar en su financiamiento.
De lo contrario, Ushuaia seguirá avanzando hacia un modelo en el que los beneficios se concentran en unos pocos desarrolladores privados, mientras los costos se distribuyen entre todos y sobre la base de inversión pública estatal sobre la DPOSS y DPE.
Un modelo en el que construir resulta fácil, pero habitar se vuelve cada vez más difícil. Y en el que, finalmente, el verdadero límite no será la geografía, sino la incapacidad de sostener una ciudad que crece sin hacerse cargo de sí misma.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
