l Oficial de Policía Walter Nieva fue exonerado de la Policía de la Provincia en una decisión formalizada por el Decreto 531/26, firmado el 27 de marzo por el gobernador Gustavo Melella y el jefe de Gabinete, Jorge Canals. La medida pone fin a su vínculo con la fuerza en medio de un caso que combinó delito penal, uso indebido de instalaciones policiales y una prolongada evasión judicial.
Nieva, que además es abogado, cumple actualmente una condena de seis años de prisión tras ser hallado responsable del delito de estafa reiterada. La causa judicial acreditó al menos 97 maniobras fraudulentas cometidas en la ciudad de Río Grande, que dejaron un saldo de 47 personas damnificadas.
Sin embargo, la exoneración administrativa no se sustentó directamente en la condena penal dictada el 3 de octubre de 2024. Según se detalla en el decreto, la sanción se basó en una falta considerada grave dentro del régimen disciplinario policial: la ausencia injustificada de su puesto de trabajo durante un período prolongado.
En concreto, se le atribuye haber abandonado sus funciones entre el 11 de agosto y el 19 de octubre de 2023, lapso en el cual permaneció prófugo de la Justicia con el objetivo de eludir el avance de la causa en su contra. Esa conducta implicó una inasistencia superior a 48 horas, acumulando cerca de 60 días fuera de servicio, lo que constituye una causal directa de exoneración según la normativa vigente.
La investigación penal expuso además un aspecto especialmente grave: Nieva habría utilizado dependencias policiales para desarrollar sus maniobras fraudulentas. De acuerdo con testimonios de las víctimas, ofrecía supuestas inversiones desde la Comisaría de Género de Río Grande, ubicada en el barrio Intevu, donde prestaba servicio. Situaciones similares habrían ocurrido en instalaciones de la Comisaría Tercera, lo que agravó el impacto institucional del caso.
Tras varios meses evadiendo a las autoridades, el exoficial fue finalmente detenido el 11 de octubre en la ciudad de Posadas, Misiones. El operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la División de Delitos Complejos de Río Grande y la Dirección de Investigaciones Complejas de la policía misionera.
El caso generó fuerte repercusión no solo por el volumen de víctimas y la reiteración de las estafas, sino también por el uso de recursos estatales para actividades ilícitas y la prolongada fuga del imputado. La exoneración cierra el capítulo administrativo dentro de la fuerza, aunque el impacto institucional y social del caso continúa siendo significativo.
