a construcción sin autorización, la desobediencia a la autoridad municipal y la falta de cumplimiento de normas urbanísticas en la estación de servicios YPF en pleno centro de Ushuaia derivaron en un conflicto que escaló a la Justicia penal.
La secretaria de Planificación e Inversión Pública del municipio de Ushuaia, Carolina Yutrovic, confirmó que se avanzó con una denuncia penal tras agotar instancias administrativas. “Hay una evidente resistencia a someterse a la autoridad administrativa”, afirmó, y explicó que la decisión se tomó luego de reiteradas intimaciones por parte del arquitecto responsable de la obra y de los propietarios de la estación de servicios YPF. “Después de tres o cuatro actas de inspección y otras tantas infracciones, no nos queda otra que recurrir a la justicia”, sostuvo.
El caso se originó a partir de la obra de ampliación de la estación de servicio ubicada sobre la línea de costa, donde la empresa avanzó más allá de los permisos otorgados. “Nosotros dimos una autorización para demolición, pero excediéndose a este permiso empezaron con la construcción sin haber presentado la documentación correspondiente”, detalló.
Según indicó, el problema central no es sólo administrativo, sino también urbanístico. “Este es un sector muy especial, la línea de costa, donde hay indicadores urbanísticos que no los define solamente el municipio”, explicó, y agregó que deben intervenir otros organismos como el Consejo de Planeamiento Urbano. “Eso es lo que la empresa no hizo: esperar esos tiempos y cumplir los procedimientos”, remarcó. La funcionaria insistió en que el incumplimiento fue reiterado y deliberado. “Se les pidió que paralicen la obra hasta regularizar la situación, hicieron caso omiso y siguieron construyendo”, afirmó, lo que derivó en la escalada del conflicto.
Entre las irregularidades detectadas, confirmó que se ejecutaron ampliaciones sin autorización. “Construyeron un nuevo piso y ampliaciones sin tener el permiso de obra”, señaló, y precisó que incluso las intervenciones fueron más allá de lo declarado por la empresa. “Dicen que son 20 metros, pero sin autorización”, agregó.
En ese contexto, advirtió sobre las consecuencias si no se regulariza la situación. “Si vos me preguntás hoy, hasta que no tengan esos indicadores, deberían desarmar todo esto”, sostuvo, y reforzó la idea de revertir lo ejecutado. “Deberían deshacer lo que hicieron sin autorización”, afirmó.
Yutrovic explicó que el municipio no puede evaluar la obra en su estado actual sin cumplir previamente las instancias técnicas correspondientes. “No tenemos forma de emitir opinión sobre si está bien o mal lo construido sin indicadores urbanísticos definidos”, indicó.
El conflicto también derivó en sanciones administrativas. “Las infracciones ya fueron derivadas al Tribunal de Faltas y va a haber varias multas”, señaló, en función de la reiteración de incumplimientos.
Además, no descartó consecuencias para los profesionales involucrados. “Esto puede derivar en presentaciones ante los colegios profesionales”, afirmó, y remarcó la responsabilidad técnica. “Un profesional conoce la normativa y sabe que la tiene que respetar”, sostuvo. En paralelo, el municipio avanzó sobre la habilitación comercial del establecimiento. “Se le retiró la habilitación definitiva y se le otorgó una provisoria”, explicó, condicionada a la regularización de la obra. “En la medida que no se adecuen a las normas, no sabemos qué va a pasar con la concesión”, advirtió.
La funcionaria rechazó además versiones que plantean una postura contraria a la inversión privada. “Nada más lejos de este municipio que estar en contra de las inversiones”, afirmó, pero dejó en claro el límite. “Hay reglas y hay que respetarlas, sobre todo en un sector tan sensible”, agregó.
También hizo hincapié en la planificación urbana como eje central del conflicto. “Esto no es burocracia, es cómo crece la ciudad. Si no, cualquiera hace cualquier cosa en cualquier lugar”, sostuvo. La vía judicial busca ordenar la situación y forzar el cumplimiento de la normativa. “Necesitábamos que el profesional entienda que tenía que parar y regularizar la documentación”, explicó. El caso expone un conflicto entre desarrollo privado y regulación urbana, donde el municipio insiste en la necesidad de respetar los procedimientos para garantizar un crecimiento ordenado, especialmente en áreas estratégicas de la ciudad.
