n el Centro Polivalente de Arte “Prof. Diana Cotorruelo” de Río Grande se llevó a cabo una charla sobre responsabilidad legal en la adolescencia, destinada a estudiantes, familias y la comunidad educativa. La actividad fue brindada por la abogada Noelia Galera, de la Defensoría Federal, ante la necesidad de abordar situaciones concretas que involucran a jóvenes y que pueden derivar en delitos, como las amenazas dentro del ámbito escolar registradas en lo que va del año en escuelas de Río Grande y Ushuaia.
“Defendemos personas mayores de 16 años acusadas de cometer delitos y en breve, cuando la ley de baja de edad de punibilidad entre en vigencia, tendremos que defender a personas desde los 14 años, por eso, nos parece apropiado brindar esta charla, ya que hay algunas conductas que podrían incurrir en delito, y el fin es darles herramientas”, explicó Galera.
Por su parte, la directora de la institución, Cristina Toledo, señaló que “hemos tenido situaciones estos últimos días, las cuales primero se trabajó dentro del acuerdo de convivencia con estudiantes y el equipo de orientación escolar. Al ver que también es necesario hacer participar a las familias, consideramos necesario esta charla, respecto de qué significa las acciones de los chicos y qué delito significa las amenazas en una escuela pública. El fin es prevenir, poner en conciencia, en palabras de otra persona externa al colegio y que sean parte también la comunidad”.
“Esperamos que sea el comienzo de una red de contención para todos los colegios que puedan estar pasando por lo mismo, y empezar a trabajar desde este lugar desde la responsabilidad de otros entes ajenos al educacional”, agregó.
Desde el Centro de Estudiantes valoraron la instancia como un espacio de escucha y debate, y plantearon la necesidad de actualizar el acuerdo de convivencia en función de las realidades actuales. “La escuela es un lugar para venir y compartir experiencias con amigos y llevarte cosas maravillosas de aprendizaje y de la vida y nunca debe ser un lugar al que uno no quiera venir por miedo. Esta es nuestra segunda casa y es importante respetarnos entre todos”, expresaron.
Durante la charla, Galera advirtió que determinadas conductas no deben ser minimizadas. “Un mensaje deja de ser privado cuando altera lo público, puede encuadrar en el delito de intimidación pública, con penas que van de dos a seis años de prisión. No hace falta que ocurra, alcanza con que alguien lo lea y tenga miedo; usar el DNI de otra implica el uso indebido de un documento de identidad, con penas que van de uno a cuatro años de prisión”, indicó.
Desde el Ministerio de Educación de la provincia destacaron que desde 2024 se vienen desarrollando acciones para fortalecer la convivencia escolar, a través de una agenda de trabajo articulada entre distintas áreas del Estado y actores del sistema educativo, con el objetivo de promover entornos seguros, respetuosos y participativos.
En ese marco, se estableció como eje prioritario la elaboración de un Plan Estratégico de Convivencia en cada institución, con enfoque contextualizado y participación activa de la comunidad. Además, se dispuso la realización de reuniones con familias para acordar canales de comunicación, socializar normas de convivencia y reforzar el vínculo entre la escuela y el hogar.
