n la ciudad de Buenos Aires, intendentes de todo el país participaron del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por la Federación Argentina de Municipios, donde presentaron ante el Ministerio de Economía un documento conjunto para advertir sobre la situación fiscal, social y productiva que atraviesan las ciudades. Bajo la consigna “Bajen las naftas, activen las obras”, los jefes comunales unificaron su reclamo al Gobierno nacional.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, fue parte del planteo federal y aportó la perspectiva de la Patagonia sur, una de las regiones más afectadas por el contexto económico.
En su intervención, cuestionó el rumbo de las políticas nacionales y sostuvo que el ajuste “impacta de lleno en el empleo, la producción y el entramado social de nuestras comunidades”.
Durante la jornada, los mandatarios elevaron un requerimiento formal en el que denunciaron el desfinanciamiento de los municipios, el incremento sostenido del precio de los combustibles y la falta de ejecución de fondos destinados por ley a la obra pública, hoy paralizada en gran parte del país. En ese marco, exigieron retrotraer el valor de los combustibles al 1° de marzo y reactivar de manera urgente las obras nacionales interrumpidas desde 2023.
Perez expuso la situación de Río Grande como ejemplo concreto. “El derrumbe industrial que vivimos en Río Grande es dramático. Entre 2023 y 2026 perdimos 5.000 puestos de trabajo industriales directos. Esta caída arrastró al resto de la economía y hoy tenemos 10.000 empleos privados registrados menos en la ciudad”, afirmó.
Además, indicó que la producción industrial fueguina registra una caída interanual de entre el 50% y el 55%, “una cifra sin precedentes que refleja el impacto de la apertura de importaciones y la contracción del consumo interno”.
El intendente también se refirió a la situación financiera municipal: “Estamos gestionando esta crisis con el 100% de la obra pública nacional detenida y con retrasos sistemáticos en la remisión de fondos, lo que condiciona seriamente la planificación urbana”. En ese contexto, explicó que “tuvimos que destinar un 25% más del presupuesto a políticas de asistencia social, sanitaria, alimentaria y de transporte”.
En su exposición, incorporó además una mirada estratégica vinculada a la soberanía. “Es alarmante que se considere a la Ley 19.640 como una ‘política fallida’. Se trata de una herramienta que lleva más de 50 años garantizando desarrollo, arraigo y presencia argentina en un territorio estratégico”, remarcó. Y agregó: “Lo que está en juego en Río Grande no es solo la actividad económica, sino la integridad misma del territorio nacional. No podemos permitir que se debilite nuestra presencia en Tierra del Fuego mientras el Reino Unido avanza sobre nuestros recursos”.
El documento impulsado por la FAM refleja un diagnóstico compartido sobre la caída de recursos, el aumento de costos y la creciente demanda social. En ese marco, Perez concluyó: “Defender la industria fueguina, el trabajo y el desarrollo de nuestras comunidades es, en definitiva, defender la soberanía argentina”.
