a secretaria de Industria de Tierra del Fuego, Alejandra Man, se refirió al reciente Decreto 252/2026 del Gobierno nacional, que amplía el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) y llamó a “bajar el nivel de alarma” hasta tanto se conozcan con mayor precisión sus implicancias reales.
La funcionaria sostuvo que, tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial, circularon interpretaciones que generaron preocupación en la comunidad. “En algunos medios salieron notas bastante alarmistas, en un tono que realmente genera angustia”, advirtió, y consideró necesario analizar primero los aspectos técnicos antes de sacar conclusiones.
En ese marco, explicó que el Gobierno provincial ya se encuentra trabajando con actores clave del entramado industrial fueguino para evaluar el posible impacto. “Estamos hablando con las cámaras industriales, con AFARTE, CAFIN y la UIF, para poder medir cuál es el alcance que va a tener este decreto y cómo podría impactar en Tierra del Fuego”, indicó.
Man aclaró que, en principio, la ampliación del RAF no elimina ni reemplaza los beneficios del régimen de promoción industrial de la Ley 19.640, aunque remarcó que los equipos técnicos continúan analizando posibles efectos indirectos o distorsiones.
La funcionaria también buscó poner en contexto el alcance del régimen. Explicó que el RAF no es una herramienta nueva, sino que ya existía, principalmente asociada al sector automotriz, y que el decreto actual lo amplía con el objetivo de facilitar la producción de bienes destinados a la exportación.
En ese sentido, subrayó que se trata de un esquema orientado a empresas que exportan a terceros países, a diferencia del modelo productivo fueguino, que está enfocado en el mercado interno. “Son lógicas distintas”, sintetizó.
Además, precisó que el beneficio del RAF es esencialmente financiero, ya que permite diferir el pago de tributos aduaneros sobre insumos importados hasta el momento en que el producto se comercializa. En caso de que esos bienes se vendan en el mercado interno, los impuestos deben abonarse en su totalidad, lo que marca una diferencia sustancial con el régimen fueguino.
“Muchas veces se lo compara de manera equivocada con el subrégimen industrial de Tierra del Fuego, pero no son equivalentes”, remarcó. A diferencia del RAF, la Ley 19.640 contempla exenciones impositivas más amplias, como el reintegro de IVA, lo que representa un beneficio de mayor magnitud para la industria local.
Finalmente, Man reconoció que el contexto económico actual amplifica la preocupación ante cualquier cambio normativo. “En una situación ya compleja, cualquier novedad se percibe como un posible ataque”, señaló, y reiteró la necesidad de llevar claridad.
“Todavía no sabemos con certeza cómo va a decantar esto en la operación de la provincia. Por eso es importante evitar generar preocupación sin información precisa”, concluyó.
El Régimen de Aduana en Factoría (RAF) fue creado en el año 2002 y permite a las empresas importar insumos sin pagar impuestos al momento del ingreso, siempre que sean utilizados en procesos productivos que agreguen valor. El esquema define la carga tributaria según el destino del producto final: si se exporta, no tributa; si se comercializa en el mercado interno, los impuestos se pagan en ese momento. Durante estos 24 años su uso se limitó, casi exclusivamente, al sector automotriz. Con el objetivo de ampliar su alcance y facilitar la producción industrial orientada a la exportación, el Gobierno Nacional flexibilizó los requisitos de acceso al régimen, el sistema de garantías y se incorporó a los proveedores dentro del esquema, extendiendo el beneficio a toda la cadena productiva para mejorar la competitividad y promover las exportaciones, según precisa el DNU 252/2026.
