a decisión de prohibir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada no es un episodio aislado ni una reacción administrativa desproporcionada ante un hecho puntual. Es la consecuencia coherente de una política deliberada: la construcción, desde el inicio del gobierno, de un clima de hostilidad sistemática hacia la prensa.
El mileísmo no se ha limitado a cuestionar coberturas o líneas editoriales. Ha instalado una narrativa en la que el periodismo aparece como un actor ilegítimo, sospechoso y, en muchos casos, directamente enemigo. El propio Presidente ha sido el principal vector de ese discurso, recurriendo de manera reiterada a expresiones como “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, “basuras repugnantes”, “delincuentes” o “ensobrados” para referirse a periodistas. No se trata de exabruptos aislados: es una práctica sostenida que configura un patrón político que lamentablemente es celebrada por el grupo de obsecuentes que lo rodea y de los fanáticos del extremismo discursivo (confiando en que pasará de eso) que conforman LLA.
Ese patrón no es inocuo. Cuando desde la máxima autoridad del Estado se deshumaniza o criminaliza a un colectivo específico sin pruebas, se generan condiciones que pueden encuadrarse, al menos en el plano del debate jurídico, en figuras cercanas a la instigación a la violencia. No hace falta una orden explícita: la reiteración de mensajes que legitiman el desprecio o la agresión simbólica puede habilitar respuestas concretas de terceros. En un contexto de alta polarización, ese riesgo es evidente. Lo decimos por experiencia propia, lamentablemente.
En ese marco, la prohibición de acceso a la Casa Rosada aparece como la traducción institucional de ese discurso. Primero se desacredita; luego se restringe. Los argumentos oficiales referidos a una supuesta infiltración extranjera en medios y un caso de “espionaje ilegal” por la difusión de imágenes internas no resisten un análisis riguroso. Se trata de hipótesis no probadas que derivan en una sanción colectiva sobre decenas de periodistas, invirtiendo un principio básico del Estado de derecho: se castiga antes de demostrar.
La decisión de suspender acreditaciones y restringir el acceso hasta que avance una causa judicial refuerza esa lógica preventiva y punitiva. Bajo la invocación de la “seguridad nacional”, el Gobierno aplica una medida indiscriminada que afecta el funcionamiento cotidiano del periodismo en la sede del poder. En democracias consolidadas, la seguridad se gestiona con criterios de proporcionalidad; aquí se utiliza como argumento expansivo para restringir derechos.
El paralelismo con la estrategia discursiva de Donald Trump basada en la deslegitimación constante de la prensa como “enemigo” y la confrontación directa con periodistas no es casual, sino una señal de hasta qué punto llega el alineamiento político y retórico que el propio Milei ha cultivado con el líder republicano.
El contexto magnifica la gravedad. La medida se inscribe en una escalada previa de agresiones verbales desde el propio Presidente, que ha utilizado canales oficiales y redes sociales para atacar a periodistas de manera directa. Ese clima no solo deteriora el debate público: condiciona las decisiones institucionales. La estigmatización deja de ser retórica y se convierte en política pública.
En ese mismo sentido, resulta difícil desvincular esta ofensiva del creciente volumen de investigaciones periodísticas que han puesto bajo la lupa distintas áreas de la gestión. Por ejemplo coberturas sobre la intervención en organismos como la ANDIS, el caso $Libra, cuestionamientos en torno al manejo de programas y recursos; denuncias mediáticas sobre esquemas de retornos o “coimas del 3%” en circuitos administrativos; controversias por el diseño y adjudicación de líneas de créditos hipotecarios; inconsistencias señaladas en declaraciones juradas de funcionarios; y episodios como el denominado caso Adorni, entre otros, han ocupado espacio en la agenda pública. Se trata de señalamientos que, más allá de su estado judicial o administrativo, forman parte del escrutinio legítimo sobre el poder. La respuesta oficial, sin embargo, no ha sido la transparencia o la rendición de cuentas, sino la descalificación del mensajero.
A esta deriva se suma una contradicción política difícil de soslayar. Hace apenas días, en su tercera visita a Israel, el Presidente firmó junto a Benjamin Netanyahu un “memorando de la democracia y la libertad”. La firma de ese compromiso, que enuncia valores básicos de los sistemas abiertos, entre ellos la libertad de expresión, choca de manera frontal con la decisión de restringir el acceso de la prensa al principal edificio del Poder Ejecutivo. No se trata de una tensión menor: es un contrasentido evidente entre la retórica internacional y la práctica doméstica.
El antecedente histórico resulta elocuente. La sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo abierta incluso en contextos institucionales más precarios. Que un gobierno democrático decida cerrarla, aunque sea temporalmente, no es un detalle menor. Marca un retroceso en estándares básicos de transparencia y control.
La libertad de prensa no se limita a la posibilidad de publicar sin censura previa. Incluye el acceso a la información pública, la presencia en los espacios donde se toman decisiones y la garantía de ejercer el oficio sin hostigamiento. La restricción impuesta vulnera esos tres planos de manera simultánea.
No hay aquí un problema técnico ni un exceso circunstancial. Hay una concepción del poder que percibe el escrutinio como amenaza y responde con deslegitimación y cierre. La prohibición de ingreso a la Casa Rosada no es más que el paso siguiente de un proceso que comenzó con insultos y continúa con restricciones. En esa secuencia, lo que está en juego no es solo el trabajo de los periodistas, sino la calidad del sistema democrático.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
