a toma del control de la recaudación del puerto en Tierra del Fuego en plena temporada alta reactivó el conflicto por el uso de los recursos y el funcionamiento operativo, en un esquema donde los ingresos crecieron sin que la gestión intervenida asuma costos básicos.
En ese contexto, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) Daniela Almada, cuestionó de manera directa el argumento de eficiencia. “Cualquiera va a tener ahorro si no tiene gastos”, sostuvo, y precisó que “no sólo no pagan los salarios ni nada relacionado con el personal, sino que tampoco pagan el agua ni la luz”, al describir el funcionamiento actual del puerto.
Almada explicó que esos costos siguen siendo absorbidos por la Dirección Provincial de Puertos, lo que, según planteó, distorsiona el concepto de ahorro que se intenta instalar. “Todo eso sale del ahorro que ya venía teniendo la Dirección Provincial de Puertos, que era dinero destinado a obras, y ahora esas obras están paradas porque se destinó al pago de salarios”, señaló, y agregó que ese cambio de destino de los fondos impacta directamente en la planificación previa del organismo.
La dirigente también puso el foco en el momento en que se produjo la intervención, al considerar que condiciona la lectura de los resultados actuales. “Agarraron un pico bastante alto de temporada”, afirmó, y remarcó que los ingresos no responden a decisiones recientes. “No es que vinieron en junio, donde solamente hay barcos de carga y pesca; vinieron en un momento de temporada, previo a ingresos de barcos grandes que ya estaban programados con 24 meses de anticipación”, explicó.
En ese marco, cuestionó que se presente como gestión propia un nivel de actividad que ya estaba garantizado. “No fueron gestiones que hicieron ellos para traer esas embarcaciones”, sostuvo, y vinculó esa situación con el discurso sobre la eficiencia operativa.
El impacto del esquema actual, según indicó, recae sobre los trabajadores. “Hoy por hoy quedamos en el medio de una disputa institucional, política, como quieras llamarlo”, afirmó, al describir un escenario en el que el conflicto excede lo laboral y se traslada a una discusión de mayor escala.
Sobre el uso de las instalaciones, Almada insistió en la falta de cobertura de costos. “Si alguien está haciendo uso de las instalaciones, debería pagar al menos los servicios”, planteó, y detalló que “tenemos un único medidor”, por lo que el consumo sigue siendo asumido por el área provincial.
En relación con la operatoria, cuestionó la forma en que se presenta la reducción de personal. “Es fácil decir que con 15, 16 o 17 trabajadores lo llevan a cabo”, sostuvo, y agregó que “la parte que no dicen es todo el personal que tuvieron que traer desde Buenos Aires”, en referencia a la incorporación de trabajadores técnicos y maquinistas.
Sobre ese punto, relativizó el cambio en la estructura laboral. “La base estatal no es la misma, pero los tenés contratados, o sea que estamos hablando más de lo mismo”, afirmó, al comparar el esquema previo con el actual.
También se refirió a las limitaciones para acceder a información sobre lo que ocurre dentro del puerto. “No tenemos acceso a la información, estamos bloqueados tanto físicamente”, señaló, y aclaró que prefiere no avanzar en hipótesis sin datos concretos. “Me gusta hablar con conocimiento de causa”, agregó.
En ese escenario, el conflicto se mantiene abierto y con derivaciones políticas. “El tema es político, es muy elevado”, sostuvo, y mencionó que ya hubo reuniones con legisladores y discusiones sobre modificaciones normativas vinculadas al origen de la intervención.
En paralelo, el gremio avanza en la vía judicial. “Estamos viendo la alternativa de hacer una presentación judicial”, indicó, y explicó que el proceso depende de la recopilación de información de cada trabajador afectado. “Lo ideal es presentarlo lo antes posible, pero los tiempos no son los ideales”, afirmó, y estimó que podría concretarse “a más tardar a fin de mes o principio del siguiente”, destacó.
