n un contexto de retracción del financiamiento nacional y creciente presión sobre las cuentas provinciales, que obligó a la provincia a asumir un rol más abarcativo en el sostenimiento del sistema educativo, la Legislatura comenzará hoy con el análisis en comisión de los proyectos de financiamiento educativo que impulsan tanto el oficialismo como la oposición. Si bien ambas iniciativas buscan garantizar recursos, los hacen con enfoques diferentes por lo que el tema amenaza convertirse en otro foco de potencial conflicto político.
A la reunión convocada para las 10:00 fueron invitados el ministro de Economía, Alejandro Barrozo; el ministro de Educación, Pablo López Silva; y el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio. Durante este primer encuentro se abordarán tanto el proyecto elaborado por el Ejecutivo Provincial como el que presentaron en la sesión del pasado jueves 30 de abril 9 legisladores.
La propuesta impulsada por los bloques Partido Justicialista, Movimiento Popular Fueguino, Partido Verde, Somos Fueguinos y Provincia Grande, que en conjunto suman nueve legisladores, propone la creación de un Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). Se trata de un fondo anual, específico y complementario al presupuesto del Ministerio de Educación, cuyos recursos deberán administrarse en una cuenta diferenciada y no podrán sustituir partidas ordinarias.
La iniciativa apunta a financiar áreas críticas como salarios docentes, infraestructura escolar, equipamiento, inclusión socioeducativa y formación profesional. Uno de sus ejes centrales es la modificación del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (FFSS), creado en 2012 y sostenido con una alícuota adicional de Ingresos Brutos de entre 0,5% y 3,5%. El proyecto establece que el 60% de lo recaudado por ese fondo se destine automáticamente a educación y el 40% restante continúe en salud.
Según datos de ejecución de 2025, sobre casi 27.947 millones de pesos, el 44,35% se destinó a salud, el 29,71% a Economía, el 23,57% a Educación y el 2,37% a Obras Públicas. Para los autores, esa distribución demuestra la falta de una regla que garantice prioridad al sistema educativo.
En paralelo, la propuesta plantea sustituir el Fondo de Asistencia a la Activación Económica por un Fondo de Financiamiento Pedagógico, financiado con una alícuota del 1,5% de Ingresos Brutos aplicada a actividades financieras. De esta manera, recursos que hoy se destinan a asistencia económica pasarían a financiar directamente la educación.
El esquema se completa con fuentes adicionales, como hasta el 8% de utilidades de empresas estatales o con participación mayoritaria (entre ellas Terra Ignis), aportes específicos, donaciones y programas nacionales o internacionales. Estos fondos estarán destinados principalmente a infraestructura, equipamiento y conectividad.
El proyecto define cinco prioridades de inversión: recomposición progresiva del salario docente, mantenimiento y construcción de escuelas, incorporación de tecnología, desarrollo de programas de inclusión y fortalecimiento de la formación docente.
Además, crea un Observatorio de Financiamiento Educativo con participación de organismos estatales, sindicatos y sociedad civil, encargado de monitorear la recaudación y ejecución, verificar el cumplimiento de metas y emitir informes periódicos. También prevé un Sistema Mínimo de Indicadores que deberá implementarse en 90 días, con información sobre ejecución presupuestaria, infraestructura, conectividad, situación docente, matrícula y equidad territorial. La ley tendría vigencia anual, con posibilidad de prórroga, y se plantea como una herramienta transitoria para ordenar recursos y avanzar hacia un esquema integral.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo propone un Régimen de Financiamiento Integral para los sistemas educativo y de salud, basado en metas de inversión progresivas y sostenibilidad fiscal. El proyecto fija como objetivo alcanzar en un plazo de cinco años una inversión consolidada equivalente al 13% del Producto Bruto Geográfico (PBG), con una distribución del 60% para educación y el 40% para salud. El último dato oficial disponible indica que el PBG 2024 de Tierra del Fuego alcanzó los 6.000 millones de peso. El sendero de convergencia parte del 7,5% en el primer año y avanza de manera escalonada hasta la meta final.
El esquema incluye una cláusula de resguardo que condiciona el avance de las metas al desempeño económico, ya que si no hay crecimiento real del PBG o caen la coparticipación o la recaudación, el plazo se ajusta automáticamente.
En cuanto a las fuentes de financiamiento, combina recursos de rentas generales con ingresos de afectación específica, como incrementos impositivos sobre actividades estratégicas, hasta el 12,5% de utilidades de empresas estatales y eventuales ingresos derivados del desarrollo del hidrógeno verde, y hasta el 50% de los recursos que se generen como consecuencia de modificaciones en las alícuotas o bases imponibles del Impuesto Inmobiliario, incluyendo los incrementos derivados de los revaluos fiscales que realice la Provincia. Esta última vía de financiamiento vuelve a poner en debate un tema, el de determinación y percepción del inmobiliario urbano, que tensiona la relación Provincia-Municipios.
El régimen establece que al menos el 20% de los recursos asignados a cada sector se destinen a infraestructura, y fija un piso mínimo de equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos. También incorpora mínimos de financiamiento salarial, con el objetivo de que los ingresos docentes y del personal de salud tiendan a equipararse con la Canasta Básica Total.
La implementación estará a cargo del Ministerio de Economía, que deberá incorporar las metas al presupuesto, mientras que Educación y Salud serán responsables del monitoreo y la elaboración de indicadores de desempeño. El esquema prevé además informes periódicos a la Legislatura y mecanismos de evaluación del gasto orientados a resultados.
Con ambos proyectos en debate, la Legislatura abre una discusión clave sobre el modelo de financiamiento educativo en la provincia, en un escenario de restricciones fiscales y demandas crecientes sobre el sistema público.
