l Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tierra del Fuego actualizó este 11 de mayo el listado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), donde actualmente figuran 112 personas que incumplen con el pago de la cuota alimentaria destinada a sus hijos.
La actualización fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia y confirma que durante 2026 se incorporaron otros cuatro casos al padrón de morosos.
Los nuevos inscriptos son Carlos Guillermo Franco, incorporado el 11 de febrero; Jon David Sotomayor Andrade, desde el 25 de marzo; Rubén Antonio Ríos, a partir del 4 de mayo; y Néstor Alejandro Cortez, quien fue incluido este 11 de mayo.
El REDAM funciona en Tierra del Fuego bajo la ley provincial 531, que establece la difusión pública de aquellas personas que incumplen de manera reiterada con la obligación alimentaria fijada judicialmente.
La normativa determina que pueden ser incorporados al registro quienes adeuden total o parcialmente tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, siempre que entre la primera y la quinta no hayan transcurrido más de 24 meses. La medida alcanza tanto a cuotas alimentarias provisorias como definitivas, homologadas mediante sentencia firme.
Además de la exposición pública, la ley contempla distintas restricciones para quienes permanezcan en condición de morosos. Entre ellas, la imposibilidad de actuar como proveedores o contratistas del Estado provincial.
También se prevén limitaciones para realizar operaciones financieras en el Banco Provincia de Tierra del Fuego, incluyendo la apertura de cuentas corrientes, el acceso a créditos y otros movimientos comerciales.
A su vez, las personas registradas en el REDAM quedan inhabilitadas para inscribirse como postulantes a adopción. En esos casos, la Dirección de Minoridad y Familia debe exigir el correspondiente certificado de libre deuda alimentaria.
La actualización del registro vuelve a poner en discusión una problemática social que excede el plano judicial. El incumplimiento de la cuota alimentaria impacta de manera directa en la economía de cientos de hogares sostenidos mayoritariamente por mujeres.
Diversos sectores vienen señalando que la falta de pago constituye una forma de violencia económica, ya que obliga a muchas madres a asumir en soledad los gastos de alimentación, educación, salud y vivienda de sus hijos.
En numerosos casos, esa situación deriva en mayor precarización laboral, dependencia económica y dificultades para cubrir necesidades básicas cotidianas.
Con la nueva actualización, el REDAM mantiene vigente una herramienta que busca visibilizar y sancionar el incumplimiento alimentario, mientras continúa creciendo el número de personas alcanzadas por la medida en la provincia.
