l Superior Tribunal de Justicia intimó al Ministerio de Obras Públicas de Tierra del Fuego a cumplir con la sentencia dictada el 8 de mayo de 2025, vinculada al conflicto judicial por la cancelación de los contratos de los tramos II y III del denominado “Corredor Costero Canal Beagle”.
La resolución judicial ordena al Gobierno provincial avanzar con el análisis y regularización de los gastos improductivos y determinar las eventuales acreencias a favor de la empresa Juan Felipe Gancedo SA, que además reclama una compensación por lucro cesante tras la revocación de las obras.
La medida fue adoptada en el marco de la causa “Juan Felipe Gancedo S.A. c/Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/ Amparo por Mora”, donde los jueces consideraron insuficientes las respuestas presentadas hasta el momento por el Ejecutivo provincial.
En la resolución, el Tribunal advirtió que el incumplimiento podría derivar en la aplicación de multas económicas por cada día de demora, cuyo monto será fijado oportunamente por la propia Corte.
Al analizar la documentación aportada por el Gobierno, los magistrados señalaron que ya existen informes técnicos —identificados como Letra S.O. y S.P.-Z.S. Nº 4/25, 5/25 y 8/25— en los que se encuentran determinados los gastos improductivos y otras posibles acreencias vinculadas a la obra vial.
No obstante, remarcaron que los decretos provinciales 1835/25 y 1836/25 postergaron la aprobación de la liquidación final hasta tanto se resuelvan observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas y se apruebe el informe de impacto ambiental relacionado con el pasivo ambiental de la obra.
Además, dichos decretos establecieron la “improcedencia de una compensación razonable” a favor de la contratista, criterio que para el Gobierno implica también rechazar el reclamo por lucro cesante presentado por la firma constructora.
Sin embargo, para el Superior Tribunal la respuesta oficial no alcanza para dar cumplimiento efectivo a la sentencia previa. Los jueces sostuvieron que el Ejecutivo sólo avanzó en “actos preparatorios” y que todavía no resolvió de manera concreta el emplazamiento judicial referido a la regularización de los gastos improductivos y la determinación de las acreencias derivadas de la paralización y revocación de los contratos.
La disputa judicial se originó luego de que la Provincia dejara sin efecto los contratos correspondientes a dos tramos estratégicos del proyecto vial del Corredor Costero Canal Beagle, una obra de infraestructura considerada clave para la conectividad y el desarrollo turístico de la zona sur fueguina.
Con esta nueva resolución, la Corte provincial elevó la presión sobre el Gobierno para que defina la situación administrativa y financiera derivada de la frustrada ejecución de la obra, en un escenario donde también permanecen bajo análisis los impactos ambientales y las observaciones de los organismos de control.
