l Gobierno vetó totalmente la ley sancionada por la Legislatura provincial que suspendía la aplicación del nuevo régimen de asignación territorial del subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP), aunque simultáneamente avanzó con una serie de modificaciones destinadas a flexibilizar y ampliar el esquema vigente.
La norma vetada había sido aprobada el 30 de abril por 13 votos a favor y dos en contra, correspondientes a los legisladores Federico Greve y María Laura Martínez, del bloque oficialista FORJA.
El proyecto legislativo proponía suspender los decretos provinciales 2112/25 y 505/26, además de la Resolución 209/2026 del Ministerio de Economía, que establecieron nuevos criterios de segmentación territorial y socioeconómica para acceder al subsidio provincial al GLP.
En los fundamentos del veto total, el Ejecutivo sostuvo que el régimen vigente fue diseñado sobre parámetros “objetivos, geográficos y de segmentación habitacional”, cruzados con bases de datos del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, con el objetivo de “optimizar la distribución de los recursos públicos y resguardar la equidad del beneficio social”.
Uno de los principales argumentos jurídicos planteados por el Gobierno fue que la suspensión impulsada por la Legislatura implicaba una “manifiesta invasión” sobre las facultades reglamentarias y de ejecución que la Constitución Provincial reserva al Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el decreto firmado por el gobernador sostiene que la iniciativa parlamentaria vulneraba el principio republicano de división de poderes y avanzaba sobre competencias exclusivas del Ejecutivo en materia de administración de políticas públicas y ejecución presupuestaria.
Desde el punto de vista financiero y político, el Ejecutivo argumentó además que el subsidio al GLP atraviesa un escenario “crítico y complejo” debido a la desregulación nacional del mercado energético y al congelamiento del aporte federal, que permanece en 199 pesos por kilogramo desde septiembre de 2023.
El Gobierno remarcó que, frente a la devaluación y el retiro de cobertura nacional, la Provincia debió absorber progresivamente el aumento de los costos del gas, la logística y la distribución para evitar trasladar el impacto completo a los usuarios fueguinos.
Según el decreto, la suspensión general del nuevo régimen habría dejado al Estado “sin herramientas de control y racionalización del gasto público”, además de generar un “inmediato e inconmensurable descalabro” en la ejecución presupuestaria.
Sin embargo, en paralelo al veto, el Ejecutivo dictó un nuevo decreto modificando aspectos centrales del régimen GLP, en una señal política orientada a buscar una solución intermedia que contemple tanto la delicada situación financiera provincial como las demandas sociales y el posicionamiento de la mayoría legislativa.
Entre los cambios más relevantes, el Gobierno elevó de 8 a 17 salarios mínimos, vitales y móviles el límite de ingresos familiares para quedar excluido del subsidio, ampliando así el universo de beneficiarios alcanzados. Como el SMVM se ubicó este mes en $363.000, el límite de ingresos pasó de $2.904.000 a $6.171.000.
El decreto reconoce que el elevado costo de vida en Tierra del Fuego hace que numerosos hogares que superaban el límite anterior continúen teniendo dificultades para afrontar el costo energético.
Además, el Ejecutivo creó un régimen transitorio de incentivo para usuarios que se conecten a la red de gas natural. En esos casos, la Provincia subsidiará durante un plazo máximo de doce meses el consumo facturado por Camuzzi Gas del Sur, con un tope de hasta 101 mil pesos mensuales.
La medida apunta a promover la migración progresiva desde el consumo de GLP hacia el gas natural por red, reduciendo la dependencia de subsidios permanentes y consolidando soluciones energéticas estructurales.
El nuevo esquema también contempla excepciones para situaciones de vulnerabilidad social, sanitaria o habitacional. En esos casos, y mediante informe socioambiental, podrán asignarse hasta 50 kilos adicionales de GLP durante el invierno y un máximo de hasta 400 kilos para casos especiales.
Otro de los ejes centrales de la reforma apunta directamente al crecimiento urbano y la responsabilidad de municipios y desarrolladores privados. El Gobierno ratificó el criterio establecido en 2021 que obliga a que todo nuevo loteo o subdivisión cuente con infraestructura básica de servicios, incluyendo red de gas domiciliaria.
En ese marco, el decreto advierte que el crecimiento urbano sin infraestructura energética genera una transferencia indirecta de costos hacia el Estado provincial, ya que obliga a sostener subsidios permanentes derivados de urbanizaciones aprobadas sin previsión de servicios esenciales.
Por ese motivo, el Ejecutivo reforzó el criterio según el cual las urbanizaciones, loteos o desarrollos habitacionales que no cuenten con infraestructura básica de gas natural no podrán incorporar automáticamente a sus residentes al régimen provincial de subsidio al GLP.
La medida implica un cambio de enfoque en la política energética y habitacional, al trasladar parte de la responsabilidad por la provisión de servicios básicos a urbanizadores y desarrolladores inmobiliarios, evitando que esos costos sean absorbidos posteriormente por el Estado provincial mediante subsidios permanentes.
Asimismo, el Ejecutivo reforzó la línea de créditos instrumentada junto al Banco de Tierra del Fuego para financiar conexiones domiciliarias a la red de gas, mejorando montos, plazos y condiciones de acceso.
De esta manera, las decisiones adoptadas por el Gobierno parecen orientadas a sostener el esquema de segmentación y control del gasto público, aunque introduciendo correcciones y ampliaciones que permitan amortiguar el impacto social de las restricciones y responder parcialmente a las demandas políticas expresadas por la Legislatura y distintos sectores de la comunidad.
