a Municipalidad de Ushuaia volvió a reclamar la implementación de un sistema automático de coparticipación y cuestionó el veto provincial a la ley de goteo diario aprobada semanas atrás por la Legislatura fueguina.
El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Iriarte, sostuvo que el Ejecutivo local esperaba una convocatoria al diálogo luego de la aprobación parlamentaria del proyecto y consideró que el respaldo legislativo reflejó una demanda política amplia para modificar el esquema actual de distribución de recursos. Según afirmó, el objetivo de la iniciativa era garantizar previsibilidad financiera para los municipios y evitar que las transferencias dependan de decisiones discrecionales del Gobierno provincial.
En ese sentido, explicó que el reclamo municipal apunta a asegurar que los recursos coparticipables sean enviados regularmente y sin demoras. “Lo que nosotros estamos discutiendo y poniendo sobre la mesa es que nos transfieran los recursos que le corresponden a cada una de las vecinas y vecinos de la ciudad en tiempo y forma”, sostuvo.
Iriarte explicó además que el sistema vigente en Tierra del Fuego permite que la Provincia administre los fondos coparticipables sin un mecanismo automático diario como el que actualmente aplica Nación con las provincias. Según detalló, “por cada 100 pesos que se recaudan, en la actualidad 14 tienen que ir a los municipios y eso debería ser de manera regular y previsible”, aunque advirtió que actualmente “el Gobierno de la Provincia administra esos fondos de acuerdo a sus prioridades”.
El funcionario señaló que esa situación generó una deuda cercana a los 12 mil millones de pesos con la Municipalidad de Ushuaia y sostuvo que durante los primeros meses del año el atraso en las transferencias creció de manera sostenida. Además, advirtió que si el nivel de demora continuaba aumentando “obviamente que no podíamos sostener nada”.
Según explicó, el impacto financiero comenzaba a afectar servicios y obligaciones esenciales vinculadas al funcionamiento cotidiano de la ciudad. “El pago de salarios, el pago de los principales contratos como Agrotécnica o la UISE nos iba a hacer entrar en cesación de pagos de cuestiones básicas”, afirmó al describir la situación financiera que atravesaba el municipio.
Iriarte sostuvo además que los recursos coparticipables impactan directamente sobre prestaciones esenciales para los vecinos y remarcó que el reclamo municipal no responde solamente a una discusión institucional sino al sostenimiento de servicios concretos. “Cuando los fondos llegan en tiempo y forma se transforman en recolección de residuos, transporte público, Operativo Invierno, centros de salud, mantenimiento urbano y salarios municipales”, expresó.
El secretario señaló además que los municipios afrontan actualmente responsabilidades cada vez mayores vinculadas a servicios urbanos y asistencia comunitaria, muchas de ellas compartidas con el Gobierno provincial. En ese marco, recordó que durante las próximas semanas también comenzará el Operativo Invierno, una de las áreas que requiere mayores recursos logísticos y financieros.
Iriarte defendió además la estrategia impulsada por el bloque justicialista en la Legislatura para insistir con la ley luego del veto y confirmó que continúan las negociaciones políticas para reunir consensos y avanzar nuevamente con el proyecto. Según indicó, los legisladores Juan Carlos Pino y Victoria Vuoto encabezan actualmente las conversaciones parlamentarias para sostener la insistencia legislativa. Además, rechazó las críticas formuladas desde sectores del oficialismo provincial que calificaron la iniciativa como ‘destituyente’: “Acá no hay nada destituyente ni que se le asemeje. Siempre estamos discutiendo en términos institucionales una ley del Parlamento”, afirmó.
También respondió a las declaraciones del ministro de Economía provincial, Francisco Devita Barroso, quien había planteado dificultades administrativas y financieras para implementar el sistema automático diario de coparticipación.
El funcionario municipal consideró que actualmente existen herramientas suficientes para automatizar las transferencias y cuestionó que el Gobierno provincial sostenga que no puede identificar diariamente los fondos enviados desde Nación. “Con los sistemas informáticos que existen, todas las transferencias se podrían hacer de manera automática. De hecho Nación lo hace”, afirmó.
Iriarte sostuvo además que las advertencias provinciales respecto de un eventual impacto financiero sobre las cuentas públicas reflejan problemas de administración interna del Ejecutivo fueguino y cuestionó que se utilicen fondos municipales para cubrir otros gastos provinciales. “¿Cómo puede el ministro de Economía utilizar dinero que no le es propio?”, expresó al cuestionar el manejo de los recursos coparticipables.
El funcionario vinculó además el reclamo financiero con el crecimiento de la demanda social que actualmente enfrentan los municipios, particularmente en áreas vinculadas a salud y asistencia comunitaria. En ese sentido, mencionó la reciente jornada de atención sanitaria organizada por la Municipalidad y sostuvo que la alta concurrencia registrada también refleja dificultades del sistema provincial de salud. “La presencia del municipio en el ámbito de la salud es realmente muy importante”, afirmó.
Por último, Iriarte aseguró que el Ejecutivo municipal mantiene disposición para avanzar en instancias de diálogo político con el Gobierno provincial aunque aclaró que continuarán impulsando la aprobación definitiva de la ley mientras no exista un acuerdo institucional. “Siempre vamos a estar abiertos al diálogo institucional, pero también vamos a seguir defendiendo herramientas que garanticen previsibilidad y autonomía para los municipios”, concluyó.
