a Provincia justificó los vetos impulsados por el Ejecutivo a las leyes aprobadas por la Legislatura vinculadas al régimen de subsidios al GLP y a la prohibición de cortes de servicios por deuda, y sostuvo que ambas iniciativas generaban consecuencias económicas y operativas que el sistema energético fueguino no está en condiciones de absorber.
La ministra de Gobierno, Gabriela Castillo, explicó que una de las normas vetadas retrotraía el esquema de segmentación aplicado al subsidio del gas licuado de petróleo, aunque remarcó que el Ejecutivo provincial ya había reformulado el sistema vigente mediante cambios en el decreto y en la resolución que regula la cantidad de kilos subsidiados para cada familia alcanzada por el programa.
Según detalló, el Gobierno elevó el tope de ingresos familiares para acceder al beneficio, incorporó criterios de zonificación y sumó herramientas específicas para hogares en situación de extrema vulnerabilidad social. Además, indicó que la Provincia habilitó líneas de financiamiento subsidiadas a través del Banco Tierra del Fuego para facilitar conexiones domiciliarias a la red de gas natural.
Castillo sostuvo que actualmente las familias que no tienen acceso a gas natural continúan recibiendo el máximo nivel de asistencia estatal y destacó el volumen de recursos provinciales destinados a sostener el esquema vigente. “Aquellas familias que no tienen red de gas natural siguen siendo acompañadas con 400 kilos. Estamos hablando de 900 mil pesos que el Estado provincial está poniendo en esa familia en subsidio de GLP. Y aquellas familias que tienen la red en la puerta de su casa pueden acceder a una tasa subsidiada para hacer la conexión”, afirmó.
La ministra explicó además que el esquema contempla mecanismos especiales para hogares con mayores niveles de vulnerabilidad y señaló que incluso se incorporó la posibilidad de ampliar el volumen subsidiado en determinados casos sociales. “Se incorporó la posibilidad de que aquellas familias que están en extrema situación de vulnerabilidad social puedan tener un incremento de 50 kilos, pasando de 400 a 450 kilos”, sostuvo.
Remarcó que el 72% del padrón provincial del GLP se encuentra actualmente dentro del nivel máximo de cobertura previsto por el programa y aseguró que la Provincia continúa sosteniendo una fuerte asistencia pese al escenario económico y energético que atraviesa Tierra del Fuego.
La funcionaria defendió además el veto a la ley que prohibía cortes de servicios por deuda o mora y argumentó que la iniciativa avanzaba sobre facultades regulatorias que corresponden al Estado nacional.
En ese sentido, recordó que las tarifas de gas son definidas por la Secretaría de Energía de la Nación y reguladas por el ENARGAS, por lo que consideró inviable que una norma provincial pudiera retrotraer aumentos o impedir cortes determinados dentro de ese marco regulatorio. “¿Cómo la Provincia le podría impedir a la Nación que en Tierra del Fuego no aumente la tarifa y la retrotraiga a diciembre del año pasado? Cuando tuvimos diferencias con las tarifas del gas, la Provincia fue a la Justicia, pero no hay posibilidad de que una ley provincial le dé facultades sobre algo que es incumbencia nacional”, afirmó.
Castillo sostuvo además que el proyecto aprobado por la Legislatura generaba situaciones inequitativas porque no diferenciaba entre distintos niveles socioeconómicos de usuarios residenciales. “Estaría en la misma situación quien vive en El Pipo que quien vive en Costa Susana o Ushuaia Chico porque todos son residenciales, aun cuando son categorías completamente distintas”, expresó.
La ministra rechazó además las críticas sobre supuestos cortes indiscriminados de servicios y aseguró que actualmente existen herramientas de contención y asistencia tanto en la Dirección Provincial de Energía como en la DPOSS.
En ese marco, explicó que el servicio de agua no se interrumpe por falta de pago y detalló que el organismo provincial trabaja mediante moratorias, intimaciones y tarifas sociales destinadas a jubilados y familias de menores ingresos. “No se corta el agua por falta de pago. La DPOSS intenta cobrar, busca alternativas, tiene moratorias y programas específicos para familias con menores ingresos”, sostuvo.
Castillo explicó además que gran parte del costo tarifario eléctrico corresponde actualmente a obligaciones asumidas con CAMMESA y advirtió que esos valores continúan aumentando por decisiones tomadas a nivel nacional.
Según detalló, el 60% de la tarifa eléctrica corresponde a obligaciones con CAMMESA mientras que solamente el 40% depende de costos de distribución regulados por la Provincia. Además, recordó que la última actualización tarifaria provincial se realizó en 2024. “La parte que le corresponde a la Provincia no se actualiza desde 2024, pero la parte vinculada a Nación sigue aumentando y esas obligaciones las seguimos teniendo igual”, afirmó.
La funcionaria sostuvo que retrotraer tarifas o impedir cortes sin establecer mecanismos de compensación económica podía comprometer directamente la continuidad del sistema energético fueguino, especialmente en el actual escenario de emergencia provincial. “Nadie llamó para ver cuáles eran los costos o cómo estaba organizada la prestación del servicio y no nos olvidemos que estamos en el medio de una emergencia energética”, sostuvo.
Castillo confirmó además que Ushuaia, Tolhuin, Almanza y San Sebastián continúan bajo emergencia energética y explicó que la caída de la actividad industrial también impactó sobre el sistema eléctrico de Río Grande.
Según indicó, hace un año la usina riograndense generaba alrededor de 60 megas y actualmente el consumo cayó a 40 debido a la retracción industrial y la pérdida de actividad fabril. “Los gastos fijos siguen siendo exactamente los mismos. Redes, transformadores, guardias, mantenimiento y reclamos se siguen sosteniendo aunque haya caído el consumo”, afirmó.
La ministra vinculó además el tratamiento de las leyes vetadas con una intencionalidad política y cuestionó que se impulsen iniciativas sin definir de dónde surgirán los recursos para sostener el sistema energético. “No queda otra que vetar la ley porque no establece de dónde va a salir la plata para sostener el servicio. Puedo decir en buena fe que hay desconocimiento, pero también hay oportunismo político”, sostuvo.
Castillo aseguró además que la Provincia continúa realizando inversiones para garantizar el abastecimiento energético durante el invierno y confirmó que la Dirección Provincial de Energía mantiene el alquiler de equipos instalados en Vialidad y avanza en la compra de dos millones de litros de gasoil para asegurar la prestación durante junio y julio. “Todo eso se hace en función de una previsibilidad de ingresos para mantener equipos, comprar combustible y sostener el servicio eléctrico”, afirmó.
Por último, la funcionaria se refirió al debate nacional sobre posibles modificaciones al régimen de zonas frías y advirtió que, aunque Tierra del Fuego permanezca formalmente dentro del esquema, los cambios en los requisitos de acceso podrían dejar afuera a numerosas familias fueguinas. “El problema es que cuando te van moviendo los techos te van dejando menos familias vulnerables dentro del sistema. Las normas nacionales muchas veces no contemplan el nivel de consumo que existe en Tierra del Fuego”, concluyó.
