a discusión por el impuesto inmobiliario volvió a tensar el escenario político fueguino y dejó expuestas nuevas diferencias dentro del peronismo provincial.
El legislador Juan Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande y políticamente referenciado con el intendente de Río Grande, Martín Pérez, presentó un proyecto para extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la suspensión de la aplicación del impuesto inmobiliario provincial prevista en la Ley 1075 del Código Fiscal.
La iniciativa propone mantener congelada la posibilidad de que la Provincia cobre el impuesto inmobiliario urbano, aunque preservando las exenciones ya vigentes y la aplicación del impuesto inmobiliario rural.
En los fundamentos del proyecto, Lapadula argumenta que todavía persisten las condiciones que justifican mantener suspendida la aplicación efectiva del tributo, principalmente para evitar situaciones de doble imposición y garantizar una “armonización” entre Provincia y municipios.
El texto sostiene además que el actual contexto económico hace necesario evitar un incremento de la presión tributaria sobre familias, comercios y sectores productivos.
“Resulta conveniente continuar avanzando en mecanismos de coordinación fiscal que permitan dotar de previsibilidad, uniformidad y seguridad jurídica al sistema tributario”, señala la iniciativa.
El proyecto aparece en un momento de fuerte confrontación política entre el oficialismo de FORJA y el sector del Partido Justicialista alineado con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.
Semanas atrás, el bloque del Partido Justicialista presentó una iniciativa para derogar directamente el capítulo del Código Fiscal que habilita que el impuesto inmobiliario urbano sea administrado por la provincia y eliminar la ley que actualmente mantiene suspendida su aplicación.
Esa postura busca clausurar de manera definitiva cualquier posibilidad de que la Provincia avance sobre un tributo históricamente administrado por los municipios, especialmente Ushuaia y Río Grande, que perciben el inmobiliario urbano desde la época del ex Territorio Nacional.
En respuesta, el bloque FORJA presentó una propuesta de sentido diametralmente opuesto; levantar definitivamente la suspensión y habilitar que la Provincia recupere plenamente la potestad de cobrar el impuesto inmobiliario urbano en todo el territorio fueguino.
Desde el oficialismo sostienen que la suspensión, pensada originalmente como transitoria, terminó generando un “desbalance” en los ingresos provinciales y debilitando la autonomía fiscal del Estado fueguino.
El proyecto impulsado por FORJA también plantea destinar la recaudación del impuesto al financiamiento de los sistemas de salud y educación pública.
La disputa tiene antecedentes políticos y judiciales de larga data.
En 2016, durante la gestión de Rosana Bertone, la Legislatura aprobó modificaciones al Código Fiscal para que la Provincia retomara la percepción del impuesto inmobiliario urbano. La decisión generó una fuerte reacción de los entonces intendentes Walter Vuoto y Gustavo Melella, quienes judicializaron la medida.
En diciembre de 2017, el Superior Tribunal de Justicia avaló la potestad provincial para cobrar el tributo, aunque garantizó que los municipios conservaran nominalmente los recursos que venían percibiendo. Más tarde, en 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los planteos municipales y dejó firme el fallo provincial.
Sin embargo, en paralelo al litigio judicial y a las negociaciones políticas entre Provincia y municipios, la Legislatura fue prorrogando sucesivamente la suspensión de la aplicación efectiva del impuesto, la que rige hasta diciembre de este año.
La iniciativa presentada ahora por Lapadula aparece como una posición intermedia entre el planteo del oficialismo y la postura más dura del PJ alineado con Vuoto, aunque vuelve a dejar en evidencia las diferencias internas dentro del peronismo fueguino y las distintas estrategias políticas de los sectores referenciados en Martín Pérez y Walter Vuoto.
