l sector, en la vos del presidente de IPA, Daniel Rosato, pidió la intervención urgente del Gobierno: “Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes”, señaló.
En este sentido, IPA sacó un comunicado en el que su titular reveló que las aperturas de concursos preventivos se dispararon más del 130% en el último año solo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pronosticó que 2026 romperá el récord que se alcanzó en pandemia.
Ante este escenario, le reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente ante la “crisis terminal” que atraviesan las pymes y exigió al Congreso que ponga en tratamiento legislativo y apruebe en lo inmediato el proyecto de ley de emergencia económica para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas.
“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, recordó el presidente de IPA.
Al respecto, brindó precisiones del avance de la crisis. Lo hizo junto con el titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, quien advirtió por el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero, tras revelar que las aperturas de concursos preventivos se dispararon casi un 132% en el último año.
“La actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026”, puntualizó Pizzano mediante un documento.
En relación a las consecuencias sociales, marcaron que “327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo”.
También, el informe de IPA indicó que la contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión que “se cristaliza mediante la pérdida neta de la inversión extranjera directa”, arrojando un saldo negativo que resulta “histórico y sin precedentes, la primera vez en 22 años”.
En esta línea, Pizzano expuso que, frente a la crisis, empresas multinacionales dejaron el país. Y al mismo tiempo, firmas locales buscaron sobrevivir transformando su matriz productiva: “se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores”.
Sobre esta parálisis del entramado pyme, con un correlato judicial alarmante que satura tribunales, el documento puntualizó que, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires, durante 2025 se registró “la apertura de 190 concursos preventivos, contra 82 en el año 2023; es decir, un incremento del 131,71%”.
La inercia destructiva empeoró en el arranque de este año: “En febrero, marzo y abril de 2026 se abrieron 92 procesos concursales”. De hecho, durante el ciclo pico de la pandemia se ejecutaron 106 concursos preventivos de crisis, en contraste con los 190 de 2025.
Y suman que la gravedad de la estadística radica en que “en el primer trimestre judicial se abrieron más concursos que los registrados durante los años 2021 a 2024 respecto de cada año”.
De esta forma, ante la impotencia patrimonial que empuja a las pymes a un abismo, el informe de IPA subrayó la incalculable pérdida de capital que significa tener bienes de uso inactivos, en un marco donde existe una capacidad ociosa del 40,2%.
Sin embargo, Pizzano aclaró que lo peor del cierre de fábricas no es el costo contable, ya que “más trágica resulta la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta, y la afectación negativa a los stakeholders, al macro y microentorno de las empresas”.
Para evitar la quiebra definitiva de las compañías o la ejecución judicial de sus bienes, desde IPA plantearon una salida apoyada en el Derecho de la Emergencia. El objetivo es implementar un “remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las Pymes puedan recuperar capital de trabajo”.
Al respecto, “se encuentran en trámite varios proyectos de legislación de emergencia, a modo de una nueva versión de la Ley 25.563, con suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, extensión del período de exclusividad, facilitación al acceso a la solución preventiva, etc.”, señaló IPA.
Por eso, Pizzano sostuvo que “el empresario Pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”. Esta herramienta permitiría oxigenar las finanzas de las fábricas hasta lograr que “el ingreso por ventas totales resulte superior a los costos totales de producción”. (Noticias Argentinas)
