l secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, expresó su preocupación por la deuda que mantiene el Gobierno provincial con los municipios y aseguró que la situación financiera “es realmente insostenible”, al tiempo que volvió a reclamar la conformación urgente de una mesa técnica para abordar la problemática.
En declaraciones al programa radial El Delivery, el funcionario sostuvo que “mientras la Legislatura estaba por sesionar, la deuda llegó a puntos históricos; catorce mil millones de pesos de deuda al viernes de la semana pasada”, y remarcó la necesidad de avanzar en herramientas que otorguen previsibilidad financiera a las ciudades.
En ese marco, Iriarte insistió con el tratamiento de la denominada Ley de Goteo diario de la coparticipación y consideró que “tal vez sea lo más urgente para los municipios justamente por la situación que están atravesando ante la falta de remisión de los fondos en tiempo y forma”.
Asimismo, lamentó el nivel de tensión institucional alcanzado en la provincia y vinculó el escenario actual con “la soledad con que venía teniendo el gobernador en la toma de decisiones y definiciones”, situación que —según indicó— derivó en una pérdida de consensos políticos.
El funcionario señaló además que la Ley de Goteo “quedó en comisión” y afirmó que desde distintos sectores buscarán “conseguir los consensos para poder aprobarla”. En esa línea, valoró la convocatoria al diálogo institucional surgida durante el debate legislativo y sostuvo que “hay que encaminar un diálogo institucional y un diálogo que nos permita tener previsibilidad, que es lo que venimos reclamando desde hace meses”.
Respecto de la mesa técnica, explicó que debería comenzar a funcionar esta semana y estar integrada por equipos económicos de las distintas partes involucradas, con el objetivo de “repasar las remisiones nacionales y provinciales para reconocer cuánto es lo que se adeuda en concepto de atrasos y después planificar cómo vamos a ir achicando esa deuda”.
Por otra parte, Iriarte cuestionó con dureza el impulso del Gobierno provincial al proyecto de reforma constitucional y destacó que “once legisladores le dijeron al gobernador que no es momento para una reforma”, entendiendo que el mensaje político “fue contundente”.
Además, explicó que desde el Partido Justicialista inicialmente se había planteado suspender el tratamiento para analizar el escenario más adelante, aunque finalmente prevaleció la decisión de avanzar con la derogación de la ley. “Primó la cordura de no gastar semejante cantidad de dinero en un momento donde la sociedad la está pasando muy mal”, afirmó.
Si bien sostuvo que el debate constitucional puede ser importante, consideró que debe darse en otro contexto. “La reforma puede ser importante y no hay que escaparle a esa discusión, pero hay que elegir el contexto”, expresó, y agregó que impulsar ese proceso en medio de la crisis económica y social “era totalmente innecesario”.
Finalmente, el secretario de Gobierno municipal señaló que “mientras las familias atraviesan incertidumbre, los comercios sufren y los puestos de trabajo están en riesgo, insistir con una reforma constitucional fue desconectarse de la realidad de la gente”.