cinco meses de la intervención nacional sobre la Dirección Provincial de Puertos, los cuestionamientos de los trabajadores se concentran en el manejo de los recursos económicos que genera la terminal marítima de Ushuaia. Según plantearon, no existe información sobre el destino de los fondos recaudados ni mecanismos de control que permitan conocer cómo son administrados por las autoridades nacionales. A su vez, se confirmó que ATE, a pesar de los anuncios de Carlos Córdoba y Jonathan Chocobar, nunca defendió judicialmente a los trabajadores de la planta permanente de la Dirección Provincial de Puertos, y todo indica que se correspondió a un acuerdo con uno de los sectores políticos provinciales que convalida la intervención federal.
La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) en Tierra del Fuego, Daniela Almada, sostuvo que la preocupación creció luego de que la intervención difundiera un comunicado destacando el superávit alcanzado durante los primeros meses de gestión y anunciara nuevas inversiones. “Lo único que sabemos es que es una cuenta que va bajo la titularidad de la AGP, que además es un organismo que está en disolución. No sabemos cuáles son los mecanismos de control. No tenemos constancia de cuánto han facturado, de qué lo han gastado o si van a reinvertir el cien por ciento de esos recursos. No hay absolutamente ningún control sobre eso”, afirmó.
La dirigente señaló que la falta de información también genera incertidumbre respecto de la situación financiera futura del puerto y del pago de salarios. En ese contexto, cuestionó que la intervención presente como un ahorro la falta de desembolsos salariales. “Nos cayó como balazo a agua fría. Nosotros hoy tenemos el tiempo contado porque con ahorros que ha tenido el puerto, fondos que tenían otra finalidad, se está llevando todo a salarios. Que vengan e indiquen que es un ahorro el no pagarnos los salarios genera mucha bronca y mucha impotencia”, sostuvo.
Almada aseguró además que desde el inicio de la intervención no existieron instancias de diálogo directo con los trabajadores. Según explicó, el gremio no hubiera tenido objeciones a un eventual plan de eficiencia acordado entre la Provincia y la Nación, pero cuestionó que las decisiones se adopten sin explicaciones sobre el uso de los recursos y sin participación del personal: “Si el Gobierno provincial y el nacional se hubieran puesto de acuerdo y llevado adelante un plan de trabajo para lograr la eficiencia que ellos mencionan, los trabajadores no hubiéramos tenido ningún inconveniente. El problema es que nuestros sueldos dependen básicamente de la operatividad y se quedan con la caja sin dar demasiadas explicaciones”, afirmó.
La falta de respuestas derivó en una estrategia judicial impulsada por el sindicato. “Todo lo que fueron intentos de diálogo o instancias más pasivas no tuvieron ningún fruto porque están totalmente herméticos al diálogo. Así que fuimos a generar recursos judiciales y estamos esperando alguna respuesta”, indicó.
Las contrataciones anunciadas por la intervención constituyen otro de los puntos observados por el gremio. Almada cuestionó particularmente la compra de nuevos sistemas de videovigilancia pese a que el puerto ya cuenta con equipamiento instalado y certificado por Prefectura Naval Argentina. “Las cámaras son recientes, las últimas actualizaciones están todas en funcionamiento. Prefectura había dado la certificación días antes de la intervención de que todo funcionaba correctamente. Sin embargo, en la licitación dicen que están obsoletas. Estaría bueno que definan qué consideran obsoleto cuando fueron aprobadas por el organismo competente”, señaló.
La dirigente sostuvo que varias de las licitaciones avanzan sin consultas a las áreas técnicas de la Dirección Provincial de Puertos y advirtió que algunas contrataciones incluso excederían los plazos previstos para la propia intervención. “Nos deja completamente absortos porque ya de por sí están excediendo el alcance que tienen. La intervención tenía que suplir determinadas responsabilidades administrativas y se toman atribuciones mayores. Son licitaciones nacionales impactando sobre un puerto provincial”, afirmó.
Finalmente, recordó que las obras portuarias requieren estudios ambientales, evaluaciones técnicas y controles específicos por desarrollarse en un entorno marítimo sensible. En ese sentido, remarcó que la Dirección Provincial de Puertos cuenta con personal especializado para realizar esas tareas y consideró que esos antecedentes deberían ser tenidos en cuenta antes de avanzar con nuevas inversiones y contrataciones.
