a intervención administrativa del Puerto de Ushuaia comenzó de una manera tan intempestiva como inusual. La Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación fue firmada el 20 de enero a las 22:45. Cerca de la medianoche, funcionarios nacionales acompañados por personal de la Prefectura Naval Argentina tomaron el control de los accesos. Recién a las 00:03 del 21 de enero la resolución fue enviada por correo electrónico al presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, y a las 00:55 se comunicó la nómina de personas autorizadas a ingresar.
La llamativa modalidad elegida anticipó un proceso marcado por la falta de información, las explicaciones incompletas y una disputa política e institucional que, con el transcurso de los meses, acumula más interrogantes que certezas.
La ANPYN fundamentó la intervención en una extensa enumeración de deficiencias técnicas, operativas, ambientales y de seguridad.
El organismo nacional sostuvo que esas falencias comprometían la capacidad de atraque y aumentaban los riesgos durante las maniobras portuarias. En función de ese diagnóstico, dispuso la suspensión de la habilitación por doce meses, aunque llamativamente priorizó lo comercial a la inseguridad argumentada y dejó sin ejecución el cierre para evitar la paralización de la terminal durante la temporada de cruceros. En su lugar, avanzó con la intervención administrativa y mantuvo la actividad y la recaudación bajo control nacional.
Sin embargo, el funcionamiento posterior comenzó a debilitar la gravedad del argumento utilizado. La temporada turística continuó con normalidad, se registró una actividad récord de cruceros y no se produjeron incidentes operativos de magnitud. Tampoco se conocieron, hasta el momento, obras estructurales de envergadura que permitan sostener que los riesgos denunciados fueron corregidos.
La contradicción quedó todavía más expuesta con la inhabilitación temporal del muelle secundario de catamaranes.
Según informó la propia ANPYN, una auditoría subacuática realizada por la Armada Argentina constató corrosión severa en la totalidad de los pilotes inspeccionados, pérdidas significativas de sección, roturas visibles y discontinuidades que comprometían la transmisión de cargas. El informe concluyó que no existían pilotes en condiciones adecuadas de servicio.
El deterioro se hizo aún más evidente después del temporal del 13 de abril, cuando ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora provocaron que cediera un sector del muelle de hierro. Frente a esa situación, la Agencia dispuso la inhabilitación total de la estructura y anunció el análisis de alternativas para su reparación integral. Todo sin fecha cierta de concreción.
La medida resulta razonable frente a la gravedad del diagnóstico. Lo que no resulta razonable es la explicación operativa posterior: la actividad de los catamaranes fue trasladada provisoriamente al muelle comercial para garantizar su continuidad con normalidad.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede derivarse una operación de pasajeros y embarcaciones hacia una infraestructura que, pocos meses antes, había sido presentada como insegura y utilizada como argumento central para intervenir el puerto?
Si el muelle comercial estaba en condiciones de recibir cruceros, carga y ahora también catamaranes, la ANPYN debería explicar cuál era el riesgo concreto que justificó una intervención por doce meses. Si, por el contrario, las deficiencias denunciadas continúan vigentes y eran realmente graves, debería informar qué estudios técnicos permitieron ampliar allí la operatoria.
Hasta ahora, la Agencia no ofreció una respuesta precisa. No explicó si los riesgos fueron sobredimensionados, si fueron corregidos sin obras significativas o si la operación continúa bajo condiciones que el propio organismo consideraba deficientes. Esa falta de coherencia alimenta las sospechas de que la intervención pudo perseguir objetivos distintos de los estrictamente vinculados con la seguridad portuaria.
La Dirección Provincial de Puertos tampoco contribuye a despejar dudas. Su escasa predisposición para brindar información pública, presentar informes técnicos o fijar una postura oficial frente a la inhabilitación del muelle de catamaranes profundiza la incertidumbre. Como administradora provincial y anterior titular de la habilitación, tiene la responsabilidad de explicar qué controles realizó, desde cuándo conocía el deterioro y por qué no se ejecutaron las obras necesarias.
Pero las responsabilidades no terminan en los organismos públicos. Las empresas que utilizaron durante años el muelle de catamaranes también deben explicar cuál fue su conducta frente a un deterioro que, según la ANPYN, era visible, progresivo y conocido por los operadores.
Existen versiones que señalan que algunos usuarios habrían formulado advertencias sobre el estado de la estructura. Sin embargo, hasta el momento no se conocen presentaciones públicas, intimaciones formales, pedidos de clausura, denuncias ante Prefectura o decisiones empresariales destinadas a suspender preventivamente la operación. Una observación informal o una queja aislada no parece suficiente frente a un riesgo que podía comprometer la integridad de pasajeros, trabajadores y embarcaciones.
Si conocían la gravedad del deterioro, debieron exigir una intervención inmediata y verificable. Si no la conocían, resulta necesario preguntarse cómo una estructura utilizada diariamente pudo alcanzar un nivel de corrosión generalizada sin despertar una reacción proporcional por parte de quienes dependían de ella para desarrollar su negocio.
El silencio provincial y la aparente pasividad empresarial no eximen de responsabilidades a los organismos nacionales.
Particularmente llamativo es el papel de la Prefectura Naval Argentina. La fuerza tiene competencia directa en materia de seguridad de la navegación y debe inspeccionar puertos, muelles y terminales para determinar si reúnen condiciones seguras para el amarre y la operación de buques. Puede autorizar, condicionar, limitar o retirar permisos de amarre cuando existen riesgos para la navegación.
Si el deterioro del muelle de catamaranes llevaba años, como asegura la ANPYN, corresponde preguntar qué inspecciones realizó Prefectura, qué observaciones formuló y bajo qué condiciones permitió que continuara la actividad. También debe aclarar qué intervención tuvo respecto del muelle comercial antes y después de la toma de control nacional.
No resulta admisible que una infraestructura se encuentre en un estado de corrosión generalizada, sin pilotes aptos para el servicio, y que esa situación aparezca públicamente recién después de que una parte de la estructura cediera. Tampoco es suficiente que Prefectura acompañe una intervención administrativa sin explicar si previamente había advertido, limitado o condicionado la operación de los sectores cuestionados.
Todo pareciera indicar que la seguridad portuaria se administra según la conveniencia política de cada momento. Si existían riesgos, debieron ser denunciados, documentados y corregidos antes de que una estructura cediera. Si no existían en la magnitud anunciada, la ANPYN debe revisar y explicar los fundamentos utilizados para intervenir.
Mientras la DPP calla, la ANPYN se contradice, Prefectura no informa qué controles realizó y las empresas usuarias no acreditan haber actuado con la firmeza necesaria, la actividad continúa. Catamaranes, cruceros y demás embarcaciones siguen operando en un puerto cuya seguridad fue utilizada para justificar una medida excepcional, pero sobre la cual ninguno de los actores involucrados parece dispuesto a ofrecer una explicación completa.
