a reforma institucional aprobada en 2022 modificó el esquema de conducción del Concejo Deliberante, pero el reglamento que debía adecuarse a esa nueva realidad fue declarado nulo por el Superior Tribunal de Justicia horas antes de la asunción de las nuevas autoridades. Desde entonces, el cuerpo continúa rigiéndose por una normativa anterior a la creación de la figura de la Viceintendencia, situación que, según la presidenta del Concejo, obliga a interpretar permanentemente cómo compatibilizar las disposiciones reglamentarias con la Carta Orgánica vigente.
La presidenta del Concejo Deliberante y viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, recordó que el inicio de su gestión estuvo marcado por ese escenario. "Tres horas antes de asumir el Superior Tribunal declaró nulo el reglamento interno. Se caían programas, designaciones, toda la estructura que se había acordado con los diez concejales. Salí de la peluquería y me fui directamente al Concejo para trabajar con la secretaria administrativa y preparar toda la documentación que necesitábamos aprobar en la sesión inaugural. Fue empezar una gestión legislativa sin conocer el funcionamiento del cuerpo y, además, sin reglamento", relató.
La funcionaria explicó que la principal dificultad es que el reglamento vigente responde a un esquema institucional que ya no existe. "El reglamento dice que el presidente puede votar, integrar comisiones o convocar determinadas actuaciones, pero la Carta Orgánica establece otra cosa. Entonces permanentemente tengo que analizar cómo ejercer mis funciones dentro de la legalidad. Muchas veces mi interpretación no coincide con la de algunos concejales y eso termina generando conflictos que podrían resolverse con un nuevo reglamento", sostuvo. Agregó que existen dos proyectos para actualizar esa normativa, aunque ninguno avanzó. "Las diferencias reales están en tres o cuatro artículos sobre mayorías agravadas. Es cuestión de sentarse, discutirlas y votar", afirmó.
Destacó cambios impulsados para mejorar el funcionamiento interno del Concejo. Entre ellos mencionó la modificación de la labor parlamentaria, que pasó a realizarse únicamente con los concejales y las autoridades administrativas. Según explicó, ese esquema favoreció el diálogo previo a las sesiones y permitió ordenar el trabajo legislativo. "Es un espacio donde pueden debatir con tranquilidad, sin cámaras ni presiones externas. Después lo que se acuerda ahí se refleja en la sesión y eso hizo mucho más ordenado el funcionamiento del cuerpo", expresó.
En cuanto a la administración del Concejo, señaló que otra prioridad fue avanzar con la construcción del nuevo edificio legislativo sobre calle Don Bosco. La obra se ejecuta por administración, con personal municipal y materiales adquiridos mediante licitaciones impulsadas por el propio cuerpo. "Si contratábamos una empresa no alcanzaba el presupuesto. Firmamos un convenio con el Ejecutivo para que nos prestara personal y nosotros compramos los materiales. Ya hicimos tabiquerías, colocamos puertas y ventanas y espero terminar el recinto de sesiones antes de finalizar mi gestión", indicó. Recordó además que el Concejo debió sesionar durante más de un año en la Legislatura provincial mientras se resolvían las limitaciones del edificio actual.
La presidenta también se refirió a la obra prevista mediante el sistema de contribución por mejoras en Costa Susana. Confirmó que la recaudación continúa acercándose al porcentaje exigido para firmar el contrato con la empresa adjudicataria y consideró que la experiencia podrá replicarse en otros barrios, aunque con algunos ajustes. "Estamos muy cerca del monto requerido. Esperamos que quienes todavía no aportaron comprendan que es una obra que va a beneficiar a todo el sector. Si funciona, este mecanismo podrá utilizarse para otros proyectos, probablemente de menor escala", señaló. También confirmó que la empresa Canga seguirá siendo la responsable de la ejecución.
Por último, Muñiz Siccardi se refirió a las gestiones para recuperar las parcelas cedidas al fideicomiso PROCREAR que nunca fueron destinadas a la construcción de viviendas. Explicó que Nación resolvió retrotraer 33 terrenos de la urbanización General San Martín, aunque el proceso permanece demorado por cuestiones administrativas. "Hace más de dos años que trabajamos para recuperar esas tierras. Presentamos toda la documentación requerida y ahora esperamos que Nación defina quién firmará las escrituras de retrocesión. Esos terrenos deben volver al Municipio porque nunca cumplieron el destino para el que fueron cedidos", concluyó.
