a intervención federal del puerto de Ushuaia continúa generando cuestionamientos por parte de trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, quienes aseguran que las contrataciones impulsadas desde la administración nacional no responden a necesidades operativas del organismo y representan un incremento significativo del gasto respecto de la gestión anterior.
El trabajador de la Dirección Provincial de Puertos Adrián Bleuer sostuvo que la preocupación del personal trasciende la situación laboral y alcanza al futuro de la administración portuaria provincial. Según afirmó, la continuidad de la intervención pone en riesgo la autonomía del organismo y el manejo de un área estratégica para Tierra del Fuego.
"Estamos muy preocupados, no solamente como empleados de la Dirección Provincial de Puertos, sino también como ciudadanos de la provincia. No solamente nos están quitando nuestra fuente de trabajo y el manejo del puerto, sino que le están quitando el puerto a la provincia. Fueron muchos años para construir un puerto multipropósito capaz de atender toda la demanda y hoy vemos que se pierde por una decisión de un organismo que entendemos no tiene las facultades para hacer lo que hizo. La Justicia todavía no resuelve la cuestión y la política tampoco acompaña, por eso sentimos que estamos bastante indefensos", expresó.
Bleuer también cuestionó que la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) derive parte de las actuaciones a la Administración General de Puertos (AGP), una empresa que se encuentra en proceso de disolución. "Cuando una empresa está en liquidación debería dedicarse a cerrar su actividad y liquidar sus bienes. Sin embargo, acá la están fortaleciendo, le están transfiriendo fondos y nosotros no sabemos qué están facturando, a quién le facturan, cómo administran esos recursos ni cuál es el destino del dinero. Lo que sí vemos es una sucesión de licitaciones, adjudicaciones y compulsas abreviadas que parecen orientadas a utilizar esos fondos más que a resolver los problemas que justificaron la intervención", afirmó.
Entre los ejemplos mencionados, el trabajador señaló el nuevo contrato de limpieza y mantenimiento de las instalaciones portuarias. Indicó que antes de la intervención ese servicio tenía un costo cercano a los siete millones de pesos mensuales y que ahora se proyecta una contratación por aproximadamente 90 millones de pesos sin mayores precisiones técnicas sobre los trabajos a ejecutar. "Con un contrato de alrededor de siete millones de pesos manteníamos limpias todas las instalaciones del puerto y funcionó así durante años. Ahora hablan de un contrato cercano a los 90 millones donde solamente mencionan pintura, pero no especifican qué edificios van a intervenir, cuántas manos de pintura aplicarán ni qué materiales utilizarán. Incluso varios edificios estaban en excelentes condiciones. Pintar o reparar algo que está bien es un despropósito", sostuvo.
Además, cuestionó una contratación destinada al mantenimiento de las cisternas de agua del puerto por unos 150 millones de pesos. Explicó que esa infraestructura actualmente cumple una función de respaldo, ya que el abastecimiento a las embarcaciones se realiza mediante dos líneas directas de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), por lo que, a su entender, no constituye una prioridad de inversión. "La cisterna hoy funciona como un sistema de respaldo porque el abastecimiento principal está garantizado por las conexiones directas. No tiene sentido asignar semejante cantidad de recursos a una obra que no representa una necesidad urgente. Todas estas contrataciones parecen tener un mismo objetivo: manejar fondos y gastarlos, pero no resolver los problemas que se utilizaron para justificar la intervención", concluyó.
