l Tribunal Oral Federal de Ushuaia dio por concluida la causa por contrabando agravado que involucraba a la empresa electrónica KMG Fueguina SA, luego de homologar un acuerdo de reparación integral del daño mediante el pago de 254.887.911 pesos al Estado Nacional. Como consecuencia de esa decisión, fueron sobreseídos todos los imputados y se declaró extinguida la acción penal.
La resolución puso fin a un proceso judicial que se había iniciado en 2022 y que tenía como principales acusados a la firma radicada en Río Grande; a sus directivos Mario Norberto Witomski y Juan Marcelo Zunino; a la despachante de Aduana Cinthia Giandoménico; y a Daniel Osvaldo Mollica, socio gerente de Ingeniería 65 SRL, empresa de Ushuaia que también aparecía vinculada a una de las operaciones investigadas.
La investigación se originó a partir de dos maniobras detectadas por la Dirección General de Aduanas relacionadas con la importación de supuesto material tecnológico destinado al Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.
Según la acusación, la documentación presentada consignaba el ingreso de placas de video destinadas a procesos productivos. Sin embargo, las pericias determinaron que los elementos importados carecían de funcionalidad y que, en realidad, se trataba de cajas vacías o dispositivos sin valor operativo, cuyo precio real no superaba el 2,5% del monto declarado.
Las operaciones bajo investigación alcanzaban un valor declarado cercano a 1,5 millones de dólares. La primera correspondía a una importación por 1.424.000 dólares y la segunda por otros 356.000 dólares.
De acuerdo con la pesquisa, la maniobra habría permitido acceder a divisas a un tipo de cambio más conveniente que el vigente en el mercado y obtener una ventaja económica estimada en unos 300 millones de pesos, además de aprovechar los beneficios contemplados en el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.
Los imputados enfrentaban cargos por el delito de contrabando agravado, al considerar que las operaciones se habrían concretado mediante la utilización de documentación presuntamente adulterada o falsa y por el importante valor económico de la mercadería declarada.
La causa ya había sido elevada a juicio oral cuando las partes acordaron una reparación económica del daño. El Tribunal Oral Federal hizo lugar a ese planteo, homologó el acuerdo resarcitorio y dispuso el sobreseimiento de todos los involucrados, dando por finalizado el expediente judicial.
