a vicepresidencia argentina nació como una pieza de continuidad institucional. Su razón formal es clara: garantizar la sucesión del presidente y presidir el Senado. Sin embargo, la experiencia política demuestra que con frecuencia terminó funcionando como un recurso electoral para ampliar una boleta, contener una interna, sumar territorio o maquillar una coalición sin programa común.
El problema no es la existencia de una línea sucesoria. Todo sistema presidencial necesita una respuesta institucional ante la muerte, renuncia, enfermedad o destitución del presidente. El problema es haber convertido esa necesidad en una fórmula de convivencia forzada. Así surge una figura elegida con legitimidad popular, pero sin responsabilidad ejecutiva; con visibilidad pública, pero sin mando administrativo; con capacidad de condicionar, pero sin obligación de gestionar.
Esa ambigüedad es el núcleo del conflicto. El vicepresidente no es un ministro, un jefe de gabinete ni un socio con funciones ejecutivas. Es, muchas veces, un poder expectante. Y en política, un poder expectante puede convertirse rápidamente en un actor incómodo, defensivo o incluso opositor dentro del oficialismo.
La pregunta, entonces, no es si debe existir la vicepresidencia, sino si tiene sentido seguir eligiendo un vicepresidente como parte de una fórmula cuando esa fórmula no expresa un acuerdo programático real.
La experiencia argentina muestra que el cargo suele transformarse en síntoma de la fragilidad de las coaliciones. Alejandro Gómez renunció durante el gobierno de Arturo Frondizi. Chacho Álvarez dejó la vicepresidencia con Fernando de la Rúa. Julio Cobos fracturó al kirchnerismo con su voto sobre la Resolución 125. Cristina Fernández de Kirchner ocupó la vicepresidencia con mayor peso político que Alberto Fernández. Victoria Villarruel quedó tempranamente distanciada del gobierno de Javier Milei, y hoy, en el extremo de la disfuncionalidad institucional, hay funcionarios que le piden que renuncie.
Los casos son distintos, pero revelan una misma falla: la vicepresidencia suele utilizarse para ganar elecciones, no para gobernar. La fórmula se presenta como un equipo, pero luego el poder funciona como una conducción personalista, un reparto de parcelas o una interna permanente. El ciudadano vota una síntesis que muchas veces no existe.
La causa no es que presidente y vice se enfrenten. La causa está antes: fórmulas construidas para sumar votos, no para ejecutar un proyecto común. El vice representa a un sector social, una provincia, una facción interna o un aliado. Pero si no existe acuerdo sobre economía, política exterior, seguridad, estrategia legislativa y distribución de responsabilidades, la fórmula nace debilitada.
La situación es aún más cuestionable cuando esas alianzas resultan de acuerdos de cúpula. Dirigentes que negocian lugares y partidos que reparten cargos construyen fórmulas que no siempre expresan el sentir de sus afiliados. Lo que se presenta como amplitud suele ser apenas una transacción electoral.
Así concebida, la vicepresidencia no mejora la gobernabilidad: la posterga. Puede aportar votos en campaña, pero también convertirse en una segunda centralidad política durante el mandato. En lugar de ordenar coaliciones, cristaliza contradicciones.
Mantener la figura sin reformarla equivale a conservar una ficción. La sucesión presidencial debe existir. Lo discutible es que dependa de un cargo electivo con peso político propio, pero sin funciones ejecutivas precisas. Una alternativa sería mantener la vicepresidencia asignándole un rol institucional definido —coordinación legislativa, representación federal o integración formal al gabinete—. Otra sería separar la sucesión del armado electoral para que exista sin depender de un compañero de fórmula utilizado como instrumento de marketing político.
El espejo fueguino
Tierra del Fuego ofrece un espejo más pequeño, pero más nítido. Desde su provincialización desarrolló un sistema político altamente personalizado y dependiente de acuerdos coyunturales. Esa escala vuelve más visibles las tensiones entre gobernador y vicegobernador.
La Constitución fueguina otorga al vicegobernador un rol relevante: preside la Legislatura, vota sólo en caso de empate, colabora con el gobernador, puede participar de reuniones de ministros y lo reemplaza ante enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución. Gobernador y vice se eligen en fórmula, reproduciendo la lógica nacional: legitimidad compartida, funciones mezcladas y convivencia política obligatoria.
El caso Jorge Colazo-Hugo Cóccaro fue el ejemplo más extremo. Cóccaro asumió el Ejecutivo tras la suspensión y posterior destitución de Colazo. La vicegobernación cumplió allí su función sucesoria, pero también mostró que el compañero de fórmula puede transformarse en reemplazante político inmediato.
El caso Fabiana Ríos-Carlos Bassanetti exhibió otro problema: la fórmula como armado electoral sin integración política profunda. Bassanetti renunció pocos meses después de asumir cuestionando la conducción del gobierno. La ampliación electoral no alcanzó para construir confianza política.
La transición Rosana Bertone-Juan Carlos Arcando mostró una situación distinta. Arcando reemplazó brevemente a Bertone cuando ésta asumió una banca nacional. Allí la vicegobernación funcionó como mecanismo institucional de sucesión, pero también dejó expuesto el carácter muchas veces meramente ceremonial del cargo.
La relación Gustavo Melella-Mónica Urquiza completa el cuadro actual. Urquiza, proveniente de un socio distinto dentro de la coalición, expresó diferencias con la reforma constitucional impulsada por el gobernador. El episodio revela cómo la vicegobernación puede convertirse en el ámbito donde se manifiestan las fracturas de una alianza que nunca resolvió sus diferencias programáticas.
La enseñanza fueguina es clara: en provincias pequeñas las fórmulas de coyuntura tienen menos margen para ocultar sus contradicciones. Un acuerdo de cúpula puede ganar una elección, pero no necesariamente produce gobierno.
Si la vicegobernación es colaborador directo del gobernador, deben existir reglas reales de colaboración. Si además preside la Legislatura, debe definirse con claridad si actuará como articulador oficialista, árbitro institucional o dirigente con autonomía política.
La conclusión es severa: vicepresidencias y vicegobernaciones no fracasan sólo por personalismos. Fracasan porque muchas fórmulas son ficciones electorales exitosas. Juntan votos, pero no ideas; suman sellos, pero no programa; integran dirigentes, pero no construyen equipo. Cuando la campaña termina, la contradicción aparece en el gobierno.
La sucesión institucional debe preservarse. La ficción del compañero de fórmula sin acuerdo programático debe terminar. En la Nación y en Tierra del Fuego, el cargo sólo se justifica si deja de ser una herramienta de ampliación electoral y pasa a ser una institución de corresponsabilidad política. De lo contrario, seguirá siendo una interna con despacho, sueldo, fueros, asesores y tiempo de espera.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
