arlos Córdoba continuará en libertad mientras el Superior Tribunal de Justicia revisa el recurso presentado contra la condena dictada en su contra. La excarcelación no modifica el fallo de primera instancia ni anticipa una decisión sobre el fondo de la causa: la sentencia sigue vigente, aunque todavía no está firme.
Maximiliano Ercole, abogado defensor del dirigente sindical Carlos Córdoba, explicó que asumió la representación una vez finalizado el debate, cuando su defendido ya estaba detenido con prisión preventiva. Señaló que en ese momento todavía no se conocían los fundamentos de la sentencia, que serían difundidos dos semanas después, y cuestionó que Córdoba permaneciera privado de su libertad sin conocer todavía las razones completas de esa medida.
La defensa presentó primero un pedido de excarcelación ante el Tribunal de Juicio, que fue rechazado. Según relató Ercole, el Ministerio Público Fiscal también dictaminó en contra y el Tribunal sostuvo que, como los fundamentos de la sentencia habían sido diferidos, no podía adelantar su criterio. Frente a esa resolución, el estudio interpuso un recurso de casación y llevó el planteo ante el Superior Tribunal.
El argumento central fue que no estaban acreditados los riesgos procesales necesarios para mantener una prisión preventiva. Ercole sostuvo que “no se estaba respetando el principio de inocencia, que sólo puede ser derribado por una sentencia de condena firme”, y agregó que tampoco se daban los supuestos previstos para justificar la detención: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.
El abogado explicó que el Tribunal de Juicio viene aplicando el criterio de que una condena elevada, aun cuando no esté firme, puede hacer presumir un riesgo de fuga. Sin embargo, cuestionó especialmente la posibilidad de entorpecimiento una vez terminado el juicio. “Cuando hay una sentencia de condena, no hay una investigación posterior, no hay una prueba que todavía no esté producida y que el imputado pueda tergiversar o intentar eliminar”, sostuvo.
También indicó que entre los argumentos considerados al ordenar la prisión preventiva figuró una supuesta situación de intimidación hacia uno de los testigos. Para la defensa, esos elementos no justificaban mantener la detención y el criterio aplicado se apartaba de los parámetros que, según Ercole, vienen sosteniendo tanto el Superior Tribunal de Justicia como la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución que permitió la excarcelación, sin embargo, corre por una vía distinta al cuestionamiento de la condena. Ercole remarcó que “la excarcelación de Carlos no modifica ni implica una subjetividad respecto de la sentencia de fondo”, que continúa recurrida. La defensa planteó tres ejes contra ese fallo: una defensa técnica ineficaz, una nulidad vinculada con un acto procesal anterior al debate y cuestionamientos sobre la valoración de la prueba.
Por eso, la situación judicial de Córdoba todavía no está resuelta. “La condena existe y no hay un fallo que ni la confirme, ni la revierta, ni la declare nula”, explicó el abogado. Si el Superior Tribunal la confirmara, aún quedarían otras instancias recursivas; si finalmente la sentencia quedara firme, Córdoba debería regresar al Servicio Penitenciario, descontándose el tiempo que ya permaneció detenido.
Ercole estimó que la revisión de fondo puede demandar alrededor de un año desde la presentación del recurso, aunque aclaró que el Superior Tribunal no tiene un plazo específico para resolver y que los tiempos varían según cada expediente.
Mientras tanto, Córdoba deberá cumplir tres condiciones fijadas por el Tribunal de Juicio para mantener la excarcelación. Debe fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría correspondiente y tiene restringida la salida del país y de la provincia. La última de esas medidas podría generar nuevos planteos de la defensa si interfiere con su actividad sindical. Ercole explicó que Córdoba continuará desempeñando esa tarea y señaló que, si necesita trasladarse fuera de la provincia, deberán realizarse las solicitudes correspondientes. En caso de una negativa, anticipó que la decisión podría ser recurrida.
El abogado aclaró además que las reglas impuestas no establecen límites específicos sobre la actividad gremial. “Si su actividad sindical no entorpece ni afecta a la actividad judicial, no tiene ninguna razón de ser una limitación”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que Córdoba participe o encabece manifestaciones.
Respecto de Miguel Arana, Ercole aclaró que no ejerce su defensa. Indicó que tenía conocimiento de que también se había presentado un pedido de excarcelación, aunque hasta el momento de la entrevista continuaba detenido en prisión preventiva.
La revisión que ahora sigue ante el Superior Tribunal será la que determine si la condena queda firme, se revierte o se declara nula. Hasta que exista una decisión sobre ese punto, Córdoba seguirá excarcelado bajo las tres reglas de conducta establecidas, mientras la defensa sostiene el recurso contra la sentencia de primera instancia.
