a operatoria del petrolero británico VS Promise en Río Cullen y su posterior amarre en el Puerto de Ushuaia abrió un interrogante que excede la presencia de un buque con bandera del Reino Unido: qué controles existen sobre los hidrocarburos extraídos en Tierra del Fuego y qué mecanismos permiten garantizar que esos recursos no terminen directa o indirectamente vinculados con empresas que operan en las Islas Malvinas.
En ese marco, el legislador provincial Matías Lapadula presentó pedidos de informes dirigidos al Gobierno fueguino y a la intervención nacional del Puerto de Ushuaia para reconstruir toda la operatoria. Entre otras cuestiones, pretende conocer qué actividad desarrolló el buque en la monoboya de Río Cullen, a quién pertenecía el petróleo cargado, cuál fue su destino y qué verificaciones realizaron los organismos públicos antes de permitir la operación.
“Más allá de esa indignación tenemos un rol que cumplir y es importante pedir todas las explicaciones del caso y saber cuáles fueron las circunstancias, qué hacía ese buque tanto en la monoboya de Cullen como en el Puerto de Ushuaia”, sostuvo Lapadula.
Precisamente, el punto central para el legislador no pasa exclusivamente por la bandera del VS Promise. Según explicó, que el petrolero navegue bajo pabellón británico no determina automáticamente que tenga prohibido operar en territorio argentino. Por eso, consideró indispensable establecer quién es su propietario, cuáles son sus antecedentes comerciales y, fundamentalmente, si mantiene relaciones con compañías involucradas en la explotación de hidrocarburos en Malvinas.
“Lo que queremos saber es si se cumple la ley. Queremos saber de quién es el propietario, qué operación vino a hacer en la provincia y si tiene relación o no con alguna de las empresas que operan en Malvinas”, señaló.
A partir de allí, el caso introduce otra dimensión vinculada directamente con la administración de los recursos naturales fueguinos. Determinar el origen y el destino del crudo movilizado en Río Cullen permitiría conocer la trazabilidad de la operación y establecer si los mecanismos de control existentes resultan suficientes para impedir que hidrocarburos producidos en territorio provincial puedan beneficiar, directa o indirectamente, intereses económicos asociados a la explotación británica en el Atlántico Sur.
En ese sentido, Lapadula cuestionó el cruce de responsabilidades registrado entre organismos nacionales y provinciales después de conocerse el caso. “No me interesa que uno diga que lo autorizó el Gobierno y el otro que lo autorizó el puerto. Hay un hecho concreto. Un buque petrolero de bandera inglesa operó de una forma u otra en la monoboya de Cullen y atracó en el Puerto de Ushuaia. Hay responsabilidades y necesitamos saber si se cumplieron todos los procedimientos”, expresó.
Por otra parte, uno de los pedidos de informes está dirigido específicamente a la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. Lapadula sostuvo que la administración portuaria deberá explicar qué documentación examinó antes de permitir el ingreso del petrolero y si verificó que la embarcación, sus propietarios y las compañías vinculadas a su actividad no estuvieran alcanzados por restricciones relacionadas con la explotación ilegal de recursos en Malvinas.
A su criterio, no alcanza con determinar qué organismo otorgó cada autorización. “Lo que debiera contestar es que analizaron la documentación y constataron que no estaba inhabilitado para operar en Argentina según la ley vigente. Eso es lo que necesitamos, que den explicaciones concretas”, afirmó.
Asimismo, el legislador planteó que el episodio debería servir para revisar la capacidad del Estado de seguir el circuito comercial de los hidrocarburos fueguinos. En particular, pidió conocer a quién pertenecía el petróleo transportado por el VS Promise y cuál fue posteriormente su destino, dos datos que considera esenciales para establecer si existieron irregularidades y evaluar la eficacia de los controles.
En ese contexto, mencionó la Ley Nacional 26.659 y la normativa provincial conocida como Gaucho Rivero, aunque consideró necesario avanzar hacia herramientas más amplias. Su propuesta apunta a que las restricciones no alcancen únicamente a las empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, sino también a sociedades, grupos económicos o capitales que participen directa o indirectamente de esos negocios.
“Hoy estamos ante un hecho concreto de exploración y de saqueo de nuestros recursos. Me parece que tenemos que empezar a pensar cómo tomamos otras medidas para impedirlo. Hay que trabajar en una ley mucho más abarcativa que sancione a todas las empresas que participen directa o indirectamente”, planteó.
Finalmente, Lapadula sostuvo que el carácter no renovable del petróleo obliga a extremar las medidas de protección y fiscalización. Para el legislador, el desafío no consiste solamente en reaccionar frente a la llegada de un determinado buque, sino en establecer controles permanentes que permitan conocer quién transporta los hidrocarburos producidos en Tierra del Fuego, quién los comercializa y cuál es su destino final.
Así, los pedidos de informes sobre el VS Promise buscan esclarecer un episodio puntual, pero también instalar una discusión de mayor alcance: cómo evitar que recursos extraídos en territorio fueguino puedan terminar favoreciendo intereses económicos relacionados con la explotación británica en Malvinas. “No es cuestión de echar culpas. Hay que establecer cuáles fueron las circunstancias, que se informe cada uno de los pormenores de esta operación y, a partir de ahí, crear herramientas para evitar que sigan pasándonos por arriba en términos de soberanía”, concluyó.
