os 16.500 puestos industriales directos que Tierra del Fuego llegó a registrar en 2013 y 2015 se redujeron hoy a alrededor de 6.000. La contracción se profundizó durante el último año y alcanza a una actividad que continúa teniendo un peso decisivo en la estructura económica provincial.
El economista y presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca, sostuvo que la industria atraviesa “uno de los peores momentos de los últimos 20 años” y remarcó la magnitud de la pérdida: “Hoy tenemos un tercio de eso y, en el último año, hemos perdido uno de cada tres puestos de trabajo industriales”. También recordó que la Ley 19.640 creó las condiciones para desarrollar el sector por razones geopolíticas que, a su entender, mantienen plena vigencia.
Industria, importaciones y RIGI
Deluca atribuyó el deterioro a decisiones del Gobierno nacional y rechazó que responda a una tendencia mundial de desindustrialización. Según explicó, mientras otros países fortalecen la producción dentro de sus fronteras, el actual esquema argentino prioriza energía, minería, agricultura y ganadería, mientras industria, construcción y comercio se encuentran entre los sectores más afectados.
En Tierra del Fuego esa combinación tiene un efecto particularmente fuerte: estimó que industria, comercio y construcción representan entre el 65 y el 70 por ciento de la economía provincial. “Nos pega de lleno a la economía de Tierra del Fuego”, señaló.
Entre las medidas que identificó como más perjudiciales ubicó la apertura de importaciones y la reducción de aranceles sobre la electrónica. Afirmó que durante el primer trimestre de 2026 las importaciones de celulares se multiplicaron por seis, mientras la producción local cayó a la mitad en un mercado además afectado por la pérdida de poder adquisitivo. “El problema del precio de la electrónica nunca fue Tierra del Fuego”, sostuvo Deluca. Y sintetizó el resultado de la medida: “Se abrieron las importaciones, se impactó Tierra del Fuego, se perdieron puestos de trabajo industriales, capacidad instalada desaprovechada y el precio de los celulares tuvo una variación menor al uno por ciento”.
También contrapuso los cuestionamientos al régimen fueguino con los incentivos que el Gobierno nacional concede mediante el RIGI a proyectos mineros y energéticos. Deluca no rechazó esas actividades, pero planteó que no deberían sustituir a la industria ni desarrollarse sin empleo y valor agregado local. “El RIGI aparece como única política productiva del Gobierno nacional, pero no hay razón por la cual eso tenga que sustituir a la industria fueguina”, afirmó.
El impacto fuera de las fábricas
La pérdida de empleo, advirtió, se multiplica sobre el resto de la economía. Deluca estimó unos 5.000 puestos directos menos y alrededor de 10.000 al sumar los indirectos. “Estamos hablando de 10.000 familias de Tierra del Fuego que perdieron el sustento, todo su ingreso”, expresó.
Ese retroceso alcanza a transportistas, comercios, gastronomía, limpieza, embalaje y demás proveedores vinculados a las plantas. “Cuando se cae la actividad de las fábricas, también todo ese ecosistema de empresas proveedoras que hay en nuestras ciudades se cae”, explicó. Según sostuvo, aproximadamente la mitad de los ingresos de Río Grande depende directa o indirectamente de la industria.
La contracción repercute además sobre la recaudación y reduce recursos disponibles para el Estado. Deluca describió el fenómeno como “una cascada que va en aumento” y lo vinculó con mayores dificultades para sostener consumos y obligaciones básicas.
En ese escenario mencionó un crecimiento del endeudamiento y la morosidad en Río Grande, junto con una mayor demanda de asistencia. “Cuando uno tiene una responsabilidad directa, por ejemplo en un municipio, es la primera puerta que vienen a tocar: vecinos que necesitan un plato de comida, una ayuda para el alquiler y obviamente piden trabajo, pero no hay trabajo”, describió. También señaló que personas que perdieron sus empleos comenzaron a utilizar sus vehículos para trabajar mediante aplicaciones.
Deluca agregó que una estimación poblacional de Río Grande habría mostrado por primera vez una variación interanual negativa y vinculó esa situación con el deterioro económico y laboral que atraviesa la ciudad.
Responsabilidades y fondos sin usar
El economista responsabilizó al Gobierno nacional por el rumbo adoptado y extendió el cuestionamiento a los representantes fueguinos de La Libertad Avanza. Planteó que debieron intervenir frente a medidas como el decreto 333, la pérdida de empleo y la situación del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva.
“Los representantes de Tierra del Fuego a nivel nacional son responsables de lo que está sucediendo, si no, ¿para qué están? Están para llevar los intereses tanto de la población como de la provincia y defenderlos a nivel nacional, y no lo están haciendo”, afirmó. Sobre el FAMP, cuestionó que existan recursos sin utilizar o sin información suficiente sobre su destino y planteó que una parte pueda dirigirse a trabajadores y familias que pierden sus empleos.
Deluca definió a Tierra del Fuego como una “economía de sacrificio” dentro del modelo nacional y sostuvo que el problema no es solamente la reducción de la actividad fabril, sino que ese proceso avance sin alternativas capaces de absorber empleo. “Tierra del Fuego está sacrificando su economía en los altares del modelo nacional libertario”, expresó.
Diversificar sin perder capacidades
Frente a ese diagnóstico, Deluca aclaró que tampoco propone simplemente retrotraer todas las medidas. “Hay que aprovechar estos movimientos y, sobre todo, hacer inversiones y desarrollos productivos inteligentes”, sostuvo, y señaló que esa mirada es compartida con el intendente de Río Grande, Martín Pérez.
Como ejemplo mencionó la producción de alimentos. Según indicó, Tierra del Fuego pasó de producir alrededor del 2 por ciento de sus alimentos frescos en 2020 a cerca del 10 por ciento en 2026, especialmente por el crecimiento registrado en Río Grande. La propuesta consiste en utilizar conocimientos industriales, tecnología, almacenamiento, gestión e ingeniería ya disponibles para desarrollar producción bajo cubierta y otros rubros.
Para el sector energético planteó una lógica similar. Consideró que cualquier concesión o inversión debe contemplar desde el inicio a proveedores y trabajadores fueguinos. “Lo primero que hay que hacer es pensar el conjunto de proveedores locales que uno tiene, porque son actividades extractivas que, si uno no piensa esa parte, todo ese ecosistema se pierde”, remarcó.
También destacó al turismo como una de las actividades que mejor logró atravesar la crisis. Aunque reconoció el efecto del atraso cambiario, sostuvo que el destino conserva una fortaleza propia, visible especialmente en la continuidad del turismo antártico, y planteó desarrollar nuevos productos y servicios también en Río Grande y Tolhuin.
Deluca volvió finalmente sobre la dimensión estratégica de la industria. Señaló que Tierra del Fuego construyó durante 54 años capacidades tecnológicas, industriales, logísticas y empresariales que adquieren un valor adicional por su proximidad con la Antártida y los pasos bioceánicos.
Por eso sostuvo que la defensa de lo construido y la diversificación no deben presentarse como caminos opuestos. “Me niego a pensar que no hay posibilidad y que solamente hay que pelear y resistir”, concluyó. “Hay que pelear y resistir, pero hay muchas alternativas que tenemos también que construir en simultáneo”.
