a Comisión Evaluadora Ad Hoc elevó a la Legislatura las propuestas para designar a las primeras autoridades de la Defensoría Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creada por la Ley Provincial 1466 a fines de 2022.
Finalizadas las instancias de evaluación, el orden de mérito quedó integrado por nueve postulantes. Sabrina Marcucci obtuvo el mayor puntaje, seguida por Verónica Facio, Abigail Astrada, Andrea Reinozo, Claudia Casabene, Laura Rojas, Noelia Flores Laffitte, Rodolfo Gil y Norma Agüero.
Para el cargo de Defensora, con asiento en Ushuaia, fueron propuestas Sabrina Marcucci (80 puntos), Andrea Reinozo (71,50) y Laura Rojas (63,50).
Para la Defensoría Adjunta de Río Grande fueron propuestas Verónica Facio (74) y Claudia Casabene (70). En este caso no se conformó una terna porque fueron las únicas dos postulantes de esa ciudad que completaron todas las instancias.
Para Tolhuin, la propuesta quedó integrada por Abigail Astrada (71,50), Noelia Flores Laffitte (58,50) y Norma Agüero (52,50).
Rodolfo Gil, pese a ocupar el octavo lugar del orden general con 52,75 puntos, quedó fuera de la propuesta porque terminó cuarto entre los postulantes correspondientes a Ushuaia.
Ahora será la Legislatura la que deberá realizar las designaciones mediante resolución. Las autoridades ejercerán durante cinco años y podrán ser reelegidas una sola vez.
El concurso comenzó con 63 inscriptos. Tras la etapa de admisibilidad y los recursos quedaron 19 habilitados; 17 se presentaron al examen escrito y 16 lo aprobaron. En la audiencia pública, última instancia del proceso, finalmente expusieron 12 postulantes.
La Defensoría será un organismo independiente de los tres poderes del Estado, con autonomía funcional. Su principal misión será proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes e intervenir cuando organismos públicos o privados no brinden respuestas suficientes frente a situaciones de vulneración.
También podrá investigar problemáticas, requerir acciones a organismos públicos, efectuar denuncias administrativas, policiales o judiciales y desarrollar tareas de capacitación y difusión. Los organismos públicos y privados estarán obligados a colaborar con sus requerimientos.
La estructura tendrá una Defensora con asiento en Ushuaia, dos adjuntas en Río Grande y Tolhuin y un equipo interdisciplinario. Además, deberá presentar dos informes anuales sobre su actividad y los resultados obtenidos.
En materia salarial, la ley establece que quien ocupe la Defensoría percibirá una remuneración equivalente a la de un ministro del Poder Ejecutivo Provincial. Los dos Defensores Adjuntos cobrarán, cada uno, el equivalente al 85% del haber correspondiente al titular. Los cargos son incompatibles con cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, con excepción de la docencia.
La Defensoría tendrá además recursos propios asignados por la Ley de Presupuesto provincial. Su financiamiento podrá complementarse con donaciones, legados y subsidios y con un porcentaje —que deberá ser determinado— de los recursos provenientes, en el marco de la responsabilidad social empresaria, de contratos de concesión para la explotación hidrocarburífera y de energías renovables en los que la Provincia sea parte.
