l intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se pronunció sobre el desarrollo de la Base Naval Integrada y advirtió que el debate en torno a esta obra de infraestructura militar y logística debe comprenderse dentro de un marco mucho más amplio que el estrictamente militar, dado que lo que verdaderamente se encuentra en juego en el Atlántico Sur son los recursos estratégicos de la Nación.
En declaraciones televisivas y radiales, el mandatario respaldó la edificación del proyecto, pero remarcó que la base debe responder estrictamente a los intereses nacionales y permanecer bajo conducción soberana de la República Argentina.
Vuoto subrayó que la capital fueguina posee una posición de extrema relevancia geopolítica y geoestratégica, consolidada por su condición natural de puerta de entrada a la Antártida, su carácter de paso bioceánico y por las inmensas riquezas petroleras y pesqueras que se localizan en la región. En ese sentido, puntualizó que la ciudad ya posee una Base Naval que cumple funciones clave en el soporte logístico antártico, capacidades que deben profundizarse de cara a las discusiones de control soberano sobre el Mar Argentino y el Atlántico Sur que se avecinan para los próximos años.
No obstante, recordó que la obra de la Base Naval Integrada no es una iniciativa reciente, sino que fue comenzada originalmente en el año 2022 bajo la conducción del entonces ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, con la colocación de la piedra fundamental y la participación de la Provincia, alcanzando un 10% de ejecución antes de quedar completamente paralizada. También cuestionó que el proyecto haya sido contemplado en tres presupuestos nacionales consecutivos y que, tras permanecer dos años sin registrar avances significativos, el actual Gobierno nacional intente reinstalar el tema en la agenda pública como una prioridad, sin haber realizado una consulta previa o convocado formalmente a las autoridades de Tierra del Fuego. El intendente criticó esta repentina prioridad otorgada a la base, señalando que, durante dos años consecutivos, las respuestas del jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados indicaban que la obra no constituía una prioridad para los recursos estatales.
Ante este escenario, Vuoto solicitó que el Poder Ejecutivo nacional esclarezca el origen de los fondos, el impacto territorial y los detalles técnicos de la obra. Con ese fin, demandó la constitución de una mesa de trabajo conjunta que integre tanto al Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego como a la administración local, ya que una obra de tal magnitud tendrá un impacto directo en la ciudad. Asimismo, expresó su firme rechazo frente a cualquier posibilidad de injerencia extranjera en el proyecto, haciendo alusión al rol que podría pretender asumir Estados Unidos, y señaló que cualquier debate de esta índole debe canalizarse a través del Congreso de la Nación, donde se deberá esperar la "letra chica" del documento que se remita. De igual modo, expresó su confianza respecto a las afirmaciones oficiales de que no habrá intervención externa y que la base permanecerá bajo control de la Armada Argentina.
Por otra parte, Vuoto analizó el reciente cambio de postura discursiva de carácter nacionalista por parte del Presidente de la Nación, Javier Milei, contrastándola con las anteriores posiciones que había adoptado respecto a la causa Malvinas y su admiración por Margaret Thatcher. En ese sentido, planteó que la administración nacional enfrenta contradicciones evidentes en su estrategia de defensa, cuestionando que hace apenas un mes el Estado nacional pretendiera rematar terrenos estratégicos de la Armada ubicados en Ushuaia, los cuales son de vital importancia para el despliegue logístico antártico y el crecimiento de la infraestructura militar. "No se puede hablar de presencia soberana en el Atlántico Sur y al mismo tiempo desprenderse del suelo que la sostiene", enfatizó.
En la misma línea, el intendente alertó sobre la proyección de un corredor marítimo comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. Advirtió que esta ruta representa un peligro para la región, puesto que podría terminar consolidando y fortaleciendo de manera indirecta la logística de los proyectos británicos de explotación de pesca e hidrocarburos en las islas, contrariando los intereses soberanos de la República Argentina.
Finalmente, vinculó este escenario con la protección de los recursos que generan millones de dólares en la zona de las Islas Malvinas —mencionando de manera particular el proyecto Sea Lion—, reafirmando que dichos recursos deben ser aprovechados en beneficio de los argentinos. Para ello, recordó el persistente reclamo de Tierra del Fuego para que se aplique de manera efectiva la Ley 26.659, sancionada en 2011, que dispone sanciones a las compañías petroleras que operen sin la debida autorización del Estado argentino.
Como un llamado de alerta adicional, el mandatario sumó la parálisis del contrato para la segunda etapa de construcción de un dique flotante por parte de la Armada Argentina con Astillero Río Santiago, argumentando que esta situación ratifica la urgente necesidad de que las autoridades nacionales brinden explicaciones claras acerca de las condiciones y objetivos reales con los que se pretende avanzar en esta obra estratégica.
