l Ministerio de Salud de Tierra del Fuego puso en marcha un Plan de Acción destinado a revisar el estado de créditos y deudas generados por las prestaciones médicas otorgadas a afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) que, al mismo tiempo, son beneficiarios del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) y del Sistema Provincial de Acogimiento Familiar (SPAF).
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1733/2026, fechada el 1 de septiembre, y comprende las prestaciones realizadas por los hospitales regionales de Ushuaia y Río Grande y por el Centro Asistencial de Tolhuin.
El objetivo central es determinar con mayor precisión la existencia y el estado de créditos y deudas recíprocas entre el Ministerio de Salud y la obra social estatal, además de avanzar en mecanismos que permitan conciliar esas obligaciones y eventualmente aplicar procedimientos de compensación de deudas entre organismos públicos.
La decisión se adoptó luego de una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre el funcionamiento de las prestaciones correspondientes a RUPE y Acogimiento Familiar, y sobre las deudas recíprocas entre la OSEF y el Poder Ejecutivo.
En ese análisis, el organismo de control examinó las acreencias y obligaciones originadas por los servicios destinados a beneficiarios de ambos programas y recomendó avanzar hacia reglas administrativas más claras para ordenar la facturación, la rendición y el recupero de los montos involucrados.
Entre las principales medidas planteadas aparece la necesidad de definir por escrito los criterios que deberán utilizarse para rendir y facturar las prestaciones. La intención es establecer pautas sobre el agrupamiento de servicios y los períodos comprendidos en cada presentación, reducir la cantidad de comprobantes emitidos y facilitar tanto el control de las facturas como el seguimiento posterior de su cobro.
La resolución sostiene además que la revisión deberá realizarse mediante una intervención coordinada de las áreas técnicas, legales y de control del Estado. Esa participación conjunta buscará asegurar la implementación, revisión y posterior consolidación de los procedimientos que se definan.
En esa línea, el Tribunal de Cuentas recomendó incorporar al proceso al servicio de Auditoría Interna, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General de Facturación y Recupero. El propósito es avanzar en la elaboración de un marco normativo integral para ordenar los circuitos administrativos y judiciales vinculados con las acreencias.
El organismo también señaló la necesidad de estandarizar los mecanismos de facturación, control, recupero y regularización de las obligaciones, además de establecer reglas para los casos en los que resulte necesario iniciar acciones judiciales.
El Plan de Acción contempla así la definición de responsabilidades concretas, plazos de intervención y criterios objetivos para determinar cuándo corresponde avanzar por la vía judicial para reclamar deudas.
Con la puesta en marcha de este esquema, Salud apunta a ordenar un circuito que involucra prestaciones realizadas por los principales efectores públicos de la provincia y su posterior reconocimiento económico, con especial atención sobre los servicios destinados a beneficiarios RUPE y SPAF.
