a ofensiva judicial contra la explotación ilegal de hidrocarburos en la cuenca Malvinas sumó un nuevo respaldo institucional. El intendente de Río Grande, Martín Perez, trasladó el reclamo a la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde representantes de distintas ciudades del país acompañaron la decisión de intervenir ante la Justicia Federal para proteger los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur.
La iniciativa municipal forma parte de una demanda colectiva destinada a cuestionar las actividades petroleras desarrolladas en el área de Malvinas, cuya explotación es considerada ilegítima por la Argentina. El acompañamiento de la FAM amplía la dimensión política e institucional de una presentación que también incorpora la protección ambiental entre sus fundamentos.
Tras participar de la asamblea, Perez valoró el pronunciamiento de sus pares y reivindicó el protagonismo de Río Grande en esta discusión. “Río Grande es referencia nacional en la defensa de la soberanía nacional y la causa Malvinas. Tenemos la responsabilidad de poner voz a nivel nacional y marcar el rumbo en estos ámbitos”, sostuvo.
El jefe comunal vinculó ese reconocimiento con una política sostenida desde el Municipio, orientada a trasladar las reivindicaciones soberanas al terreno de las acciones institucionales y judiciales. En oportunidad de anunciar la presentación ante la Justicia, había advertido que “Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur”, y sintetizado su posición al afirmar que “defender Malvinas también es actuar”.
La controversia excede la cuestión territorial e incorpora las consecuencias económicas y ambientales de las actividades hidrocarburíferas. Sobre esa perspectiva, Perez había señalado que “Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro”, al destacar la intervención de la Justicia Federal de Río Grande frente al desarrollo petrolero cuestionado.
Durante el encuentro, la Secretaría de Malvinas y Soberanía de la FAM también difundió un pronunciamiento que extendió el debate hacia otras políticas nacionales vinculadas con la integridad territorial. El documento expresó preocupación por decisiones del Gobierno nacional y cuestionó que la causa Malvinas sea utilizada como una “cortina de humo” mientras se impulsan modificaciones sobre la propiedad de la tierra.
En particular, la Federación rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto, por cuestiones formales y procesales, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, relacionado con las restricciones a la extranjerización de tierras.
Para Perez, ambas discusiones forman parte de una misma responsabilidad institucional: sostener la defensa de los intereses estratégicos argentinos mediante decisiones efectivas. En ese sentido, reiteró la necesidad de “llevar adelante acciones concretas” y recuperó una definición que sintetiza el posicionamiento municipal: “Río Grande es un faro de soberanía”.
La FAM, creada por ley nacional en 1997, reúne a más de quinientos municipios argentinos y constituye un espacio de representación institucional ante las autoridades nacionales y provinciales. Su acompañamiento incorpora el reclamo judicial impulsado desde Río Grande a una agenda compartida por gobiernos locales de distintas regiones del país.
