uan Avellaneda y Fernando Pollizi pueden seguir administrando la intervención federal como si el Puerto de Ushuaia fuera una oficina aislada del mundo. El problema es que el mundo portuario ya tomó nota. La International Dockworkers Council, que representa a más de 120.000 trabajadores, reclamó el fin de la intervención y la reincorporación inmediata de los aproximadamente 140 portuarios desplazados.
La paradoja es incómoda: mientras desde Ushuaia se reclaman explicaciones, transparencia y trabajo, ahora una organización internacional también exige respuestas. El puerto que Avellaneda y Pollizi administran bajo intervención consiguió así una inesperada proyección global: no por su eficiencia, sino por el conflicto laboral que la IDC denuncia.
