a administración nacional del Puerto de Ushuaia avanza con una licitación de vigilancia privada mientras agentes provinciales que realizaban controles en la terminal siguen apartados de sus puestos. Los trabajadores cuestionan que se destinen nuevos fondos a funciones para las que ya había personal capacitado y recursos disponibles.
La trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos, Valeria Barría, comparó el presupuesto cercano a 4.000 millones de pesos para un año con el contrato de unos 40 millones anuales que el organismo provincial había celebrado con Bushi-Do en noviembre de 2025. “Es una cifra extraordinaria que no está dentro de los números que se venían manejando dentro de la Dirección Provincial del Puerto”, sostuvo, y calificó la convocatoria como una “licitación escandalosa”.
El procedimiento se tramita mediante la licitación pública 15/2026 de la Administración General de Puertos, AGP. El monto cuestionado corresponde al presupuesto oficial de la convocatoria. La empresa prestadora todavía debe seleccionarse a partir de las ofertas que se presenten, por lo que no se trata de un contrato ya adjudicado.
Barría explicó que el esquema provincial combinaba el servicio privado con tareas de control y supervisión realizadas por empleados de planta. Sostuvo que esos agentes tienen preparación específica para trabajar en las instalaciones: “El personal de seguridad que siempre estuvo ejerciendo esas tareas de control, supervisión y de seguridad en las instalaciones portuarias es personal verificado y certificado por todas las normas internacionales”.
La trabajadora describió tres puestos de seguridad: el acceso principal, el sector de catamaranes y el centro de monitoreo. Según indicó, antes se cubrían con dos personas por puesto. Agregó que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, ANPyN, también contrató servicios adicionales de Prefectura Naval para reforzar esos controles.
En ese contexto, cuestionó que la Provincia continúe pagando los salarios del personal desplazado mientras la intervención recurre a otros prestadores para cubrir sus funciones. Su planteo es que se utilizan nuevos recursos para tareas que la DPP podía atender con sus agentes, a quienes no se les permite retomar la actividad. Su cuestionamiento también alcanzó a las incorporaciones en otras áreas de la terminal. “Sabemos también que han contratado y están contratando dotación de personal que viene desde afuera, desde otros puertos. Están contratando personal o gente de la ciudad para hacer las mismas tareas que el personal de planta las veníamos realizando”, afirmó.
El año de servicio previsto se extendería más allá de enero de 2027, cuando se cumple el plazo inicial de la intervención nacional. Barría recordó que la resolución que dispuso la medida contempla una prórroga y dijo que están “muy expectantes a lo que pueda llegar a resolver la Justicia sobre este tema”.
Sobre el recambio de las 75 defensas del muelle, aseguró que los elementos que se están colocando provienen del puerto de Río Grande y estaban en desuso. Mencionó a Concret Nor como la firma adjudicataria y sostuvo que las piezas nuevas aún no llegaron. “Ellos están instalando esas defensas en desuso porque todavía no han llegado las defensas de esta empresa que había ganado el proceso licitatorio”, afirmó.
También denunció que se impide el ingreso de inspectores provinciales de Ambiente mientras se realizan trabajos en el canal Beagle. Sostuvo que las intervenciones sobre el muelle deben contar con la evaluación ambiental correspondiente y vinculó ese reclamo con las advertencias de la Asociación Manekenk. Exigió que las obras cumplan “con la normativa y la legislación vigente”.
Barría señaló que el conflicto continúa en distintos expedientes judiciales y expresó expectativas por una demanda vinculada con fueros gremiales que, según indicó, un grupo de trabajadoras tramita ante el juez federal Federico Calvete. “Tenemos muchas expectativas que eso pueda llegar a un buen puerto, así por decirlo, que tenga una resolución favorable para las trabajadoras que han iniciado esa demanda”, manifestó.
Además, reclamó una respuesta en las presentaciones impulsadas por la Provincia y los trabajadores contra la intervención. Tras nueve meses de intervención, insistió en que esperan resoluciones favorables que permitan “que podamos recuperar el puerto”, con la restitución de su administración a Tierra del Fuego.
