l legislador provincial Federico Sciurano presentó un proyecto de ley para declarar por doce meses la Emergencia Económica, Comercial y de Empleo en Río Grande, con el objetivo de asistir a los sectores afectados por la caída del consumo, la retracción industrial y las dificultades que atraviesan numerosos establecimientos comerciales y productivos.
La iniciativa propone un conjunto de medidas extraordinarias que incluyen alivio tributario, financiamiento bancario, incentivos al consumo y gestiones ante el Gobierno nacional para obtener recursos destinados a sostener la actividad económica y preservar los puestos de trabajo.
En ese sentido, Sciurano explicó que la propuesta busca evitar que las dificultades financieras terminen provocando nuevos cierres comerciales y despidos. “Se trata de que nadie tenga que elegir entre pagar impuestos o pagar sueldos. Quien sostiene el empleo en un momento así tiene que sentir que el Estado lo acompaña”, afirmó.
Uno de los principales instrumentos previstos es la creación de un programa de asistencia económica que otorgaría un subsidio equivalente al 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los establecimientos alcanzados por la emergencia.
Sin embargo, el beneficio estará condicionado al cumplimiento de requisitos específicos. Los interesados deberán acreditar una caída real de facturación superior al 25%, mediante la comparación con períodos equivalentes de 2025 y la actualización de los valores según la inflación. Además, deberán mantener, como mínimo, la cantidad de trabajadores registrados en junio de 2026.
De esta manera, el proyecto vincula directamente la asistencia estatal con la preservación del empleo. La compensación tributaria tendría una duración inicial de seis meses, prorrogable por otros seis si persisten las condiciones económicas que justificaron su otorgamiento.
Asimismo, la iniciativa establece que podrán acceder al régimen los contribuyentes locales inscriptos ante la Agencia de Recaudación Fueguina, mientras que quedarán excluidos aquellos comprendidos en el Convenio Multilateral.
Por otra parte, Sciurano propone incorporar al Banco de Tierra del Fuego como herramienta de asistencia financiera. Para ello, solicita la implementación de líneas especiales de crédito destinadas a capital de trabajo, pago de salarios, adquisición de mercaderías y refinanciación de obligaciones vigentes.
Estas herramientas podrían incluir tasas preferenciales, períodos de gracia y extensión de plazos, con prioridad para los establecimientos que acrediten mayores dificultades económicas y mantengan sus plantillas laborales.
A su vez, el proyecto contempla un programa de promoción del consumo local mediante tarjetas de crédito y débito del banco provincial. La propuesta incluye descuentos, reintegros, cuotas sin interés y jornadas comerciales especiales para estimular las ventas en Río Grande.
En relación con estas medidas, Sciurano recordó el Plan Progreso que impulsó durante la pandemia como antecedente de asistencia a sectores afectados por una situación económica excepcional.
Otro de los puntos centrales es el reclamo al Gobierno nacional para que los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) sean destinados prioritariamente a Río Grande.
Para ello, la iniciativa encomienda al Ejecutivo provincial realizar gestiones ante la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía de la Nación, solicitando asistencia extraordinaria y fondos para programas de empleo, infraestructura productiva y recuperación comercial.
Además, plantea que los senadores y diputados nacionales por Tierra del Fuego acompañen institucionalmente el pedido y promuevan la asignación de los recursos del FAMP a la ciudad.
“Río Grande fue durante décadas el motor industrial y comercial de la provincia, y hoy está golpeada. Necesitamos que Nación mire a Tierra del Fuego y que nuestros representantes en el Congreso den la pelea junto a nosotros”, sostuvo Sciurano.
Finalmente, el proyecto contempla la creación de un registro provincial de beneficiarios y la publicación de informes trimestrales para controlar los fondos utilizados, los establecimientos asistidos y los puestos de trabajo preservados.
Con estas herramientas, la propuesta busca establecer un régimen excepcional de asistencia que permita sostener la actividad privada y amortiguar las consecuencias laborales y comerciales de la crisis que atraviesa Río Grande.
