l legislador provincial Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, se refirió al tenso enfrentamiento con varios parlamentarios que protagonizó el dirigente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, durante la sesión del martes, en la que se debatió el proyecto de ley de financiamiento educativo. Cuestionó las agresiones verbales y descalificaciones que, según denunció, caracterizaron la intervención del sindicalista, y consideró un error institucional permitir que esas conductas interfieran en la actividad parlamentaria.
Villegas sostuvo que el episodio no lo sorprendió, debido a que mantiene diferencias con Catena desde hace varias décadas y conoce su manera de actuar frente a quienes expresan posiciones contrarias a las suyas.
“Catena lamentablemente es una persona que cuando en términos institucionales se toma una decisión contraria a lo que él pretende o se tiene una opinión contraria a la que él tiene, ya pasás a ser un enemigo a combatir”, manifestó.
Sin embargo, consideró que la cuestión más preocupante no es la conducta individual del dirigente, sino la posibilidad de que esas actitudes condicionen el funcionamiento de la Legislatura.
“El tema es que se lo deja interferir en la labor parlamentaria, en el trabajo de una institución como es la Legislatura”, señaló, y calificó esa permisividad como un error político e institucional.
Villegas recordó que conoce a Catena desde hace más de treinta años y que ambos protagonizaron otros enfrentamientos, particularmente durante el conflicto docente de 2016, cuando también se produjeron situaciones de tensión en reuniones legislativas.
Aseguró que las diferencias políticas y sindicales son legítimas dentro del sistema democrático, pero advirtió que no pueden convertirse en una justificación para las agresiones personales.
“Cuando la herramienta de construcción o de defensa de tu idea es la descalificación, es el agravio, la violencia, yo ahí sí pongo un freno y no me callo, porque creo que hay que poner un límite a eso”, afirmó.
Críticas por los días de paro
El legislador también cuestionó el papel de la conducción del SUTEF en el conflicto educativo provincial y responsabilizó a sus dirigentes por las consecuencias que las medidas de fuerza tienen sobre la continuidad de las clases.
En particular, reprochó que Catena haya mencionado los 46 días de paro registrados durante el año en términos que, según su interpretación, reflejaban orgullo por la magnitud de las protestas.
Villegas sostuvo que a esas jornadas deben sumarse otras interrupciones de actividades y desobligaciones que terminaron afectando seriamente el calendario escolar.
Consideró que las decisiones sindicales han perjudicado el presente y el futuro de miles de estudiantes fueguinos, aunque insistió en que las diferencias personales con Catena constituyen un aspecto secundario frente a los problemas estructurales del sistema educativo.
Relación entre el gremio y el Gobierno
Otro de los aspectos que Villegas destacó de la sesión fue la reacción de los representantes sindicales cuando cuestionó la ausencia del ministro de Educación durante parte del debate legislativo.
Según relató, al señalar que el funcionario se encontraba de vacaciones mientras se discutía el financiamiento educativo, varios dirigentes del SUTEF intervinieron para defenderlo.
Para el parlamentario, esa reacción puso en evidencia la estrecha relación política que, a su entender, existe entre la conducción sindical y funcionarios del Ejecutivo provincial.
“Mientras nosotros estábamos discutiendo, el ministro de Educación estaba de vacaciones. Y saltaron todos los del SUTEF a defender al ministro”, relató.
Villegas interpretó ese comportamiento como una demostración de los vínculos que viene cuestionando desde hace tiempo y que, según afirmó, influyen sobre las decisiones del Gobierno frente al conflicto docente.
Sostuvo que tanto el gobernador como el ministro de Educación tienen responsabilidades institucionales que deben estar por encima de las simpatías políticas o los intereses sectoriales.
En ese sentido, reclamó que las autoridades provinciales asuman un papel más activo para garantizar el derecho a la educación y resolver los conflictos que afectan el normal desarrollo de las clases.
El debate de fondo
Más allá de los enfrentamientos con el sindicalismo, Villegas insistió en que la discusión central debe concentrarse en las alternativas para resolver los problemas educativos sin incrementar la presión tributaria sobre la población.
Cuestionó que el Gobierno pretenda trasladar a la Legislatura la responsabilidad de encontrar recursos adicionales para afrontar obligaciones que, a su entender, corresponden a la administración provincial.
También rechazó las propuestas que contemplan nuevos impuestos sobre la comercialización del gas y mayores cargas tributarias para el Banco de Tierra del Fuego, al considerar que sus costos terminarían trasladándose a los usuarios y consumidores.
Frente a ese planteo, defendió la necesidad de mejorar primero la asignación y administración de los recursos públicos existentes.
Para Villegas, el debate sobre el financiamiento educativo debe superar tanto las confrontaciones personales como las disputas políticas coyunturales y concentrarse en las responsabilidades de gestión del Gobierno y en soluciones estructurales que permitan garantizar la continuidad y la calidad de la educación pública.
