as autoridades de la seccional local de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) cuestionaron el nuevo fallo del Superior Tribunal de Justicia que habilitó la continuidad del proceso de juicio político al gobernador Jorge Colazo, pero con el funcionario en su cargo, y ubicó la medida en el marco de un sistema de "impunidad" generado por la polémica sanción de la ley provincial 460.
Tras anotar que el fallo de la Corte que mantiene en el cargo a Colazo "es concordante con lo que nosotros veníamos denunciando desde la sanción de la 460 y la incorporación de jueces que garanticen impunidad", el secretario general de la mega organización sindical, Jorge Portel, señaló que la decisión del Superior Tribunal "no nos sorprende para nada".
El sindicalista anotó que la incorporación de jueces "a este sistema corrupto que ha privilegiado a muchos políticos, pasando por (José) Estabillo y siguiendo por (Carlos) Manfredotti y otros funcionarios y legisladores que no pueden justificar el patrimonio que han acumulado mientras estuvieron en el poder, cada vez toma más envergadura, y hoy demuestra claramente la connivencia entre el poder político y la Justicia, como venimos denunciando desde hace mucho".
Justicia armada
Tras anotar que "esta justicia fue armándose de acuerdo al paladar de Manfredotti", Portel observó que "fueron estos legisladores que hoy quieren cuestionar la actitud de la Corte quienes designaron a esos jueces acomodaticios".
Así las cosas, dijo, "si bien hoy no tenemos ninguna expectativa con estos jueces, porque fueron partícipes necesarios del sistema de corrupción que padecemos, también tenemos dudas de que estos mismos legisladores avancen en un jury de enjuiciamiento para corregir su error", remarcando que, en todo caso, "si deciden sacarlos va a ser para poner a otro (Ricardo) Klass, a otros (Mario) Robbio y a otras (María del Carmen) Bataini".
Argumentó sus dichos en el hecho de que "tanto (Damián) Löffler, como (Rubén) Sciutto, (Angélica) Guzmán, (Raúl) Ruiz, (Nélida) Manfredotti y (Miguel) Portela, son los resabios de esa legislatura, que necesariamente tuvieron que aceptar la imposición de esta justicia que hoy tenemos".
El gremialista lamentó que los parlamentarios nombrados "siempre se hayan negado a discutir una nueva ley del Consejo de la Magistratura, para hacer más transparente a ese organismo seleccionador de jueces, y posibilitar que se haga por concurso, con la exhibición pública de sus antecedentes y la facultad de objetar a los postulantes por parte de cualquier organismo social o de derechos humanos; así como también apoyar o hacer aportes como si fuera una entidad de consulta, como sucede a nivel nacional".
Por una "democracia participativa"
"Así que, mientras todo esto persista, pensar que estos tipos vayan a cambiar su actitud para recuperar las instituciones de la democracia es algo que no tiene asidero alguno", subrayó, "porque son todos parte de este sistema caduco y falto de ética".
Hecha esta apreciación, Portel insistió en la necesidad de "aplicar sistemas relacionados con la democracia participativa, siendo consciente que es un proceso social el que va a tener que darse para poder cambiar el actual estado de situación. Porque si no lo hacemos, lo único que vamos lograr es ver cómo se van algunos ladrones para que vuelvan otros, nada más".
"Hay que potenciar la iniciativa de revocatoria de mandatos", consideró, para anotar que "la CTA ya se expidió en su favor porque queremos ser parte de esta propuesta interesante, de entender que somos todos los integrantes de la sociedad los que vamos a poder cambiar las cosas, y que acá no hay remedios mágicos para los males de la sociedad".
