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or cerca de 40 minutos, los integrantes de la Sala Juzgadora, los legisladores que actúan como fiscales en los procesos de juicio político y el abogado del suspendido gobernador Colazo escucharon la declaración testimonial que brindó el doctor Alejandro de la Riva, en su calidad de autor de las denuncias que dieron origen al enjuiciamiento del mandatario fueguino.
La exposición del doctor De la Riva fue una reiteración de los hechos plasmados en sus denuncias ante la Legislatura y de sus dichos públicos desde la presentación de las mismas hasta el día de la fecha. El único dato nuevo aportado por el letrado riograndense consistió en el anuncio de que durante la mañana de ayer acompañó a la Justicia a un testigo, al que evitó identificar, que declaró haberse desempeñado como "capataz de una cuadrilla de la construcción que estaba a las órdenes de Ángel Gómez, "el santacruceño", y afirmó ante el fiscal Mássimi –según preciso de la Riva– haber sido "el capataz que hizo las obras que después cobraban empresas privadas".
En apretada síntesis, De la Riva explicó las razones que lo habían motivado a presentar las denuncias contra Colazo por la retención de fondos de coparticipación a la Municipalidad de Río Grande y la Cuenta General del Ejercicio 2004. Respecto de la primera, a la que calificó de "maniobra extorsiva", dijo que la impulsó en su condición de "ciudadano interesado en que se cumpla cabalmente la Constitución" ante una decisión de Colazo que tenía como único objetivo "generar zozobra y perjudicar el normal funcionamiento de la Municipalidad de Río Grande", ello en el marco de una claro enfrentamiento interno entre el Gobernador y el intendente Martín.
Para despejar dudas sobre la existencia de animosidad personal con Colazo, De la Riva recordó haber denunciado penalmente al ex gobernador Estabillo, cuando éste retuvo fondos al Municipio de Río Grande durante la intendencia de Jorge Colazo, como así también a la gestión del ex gobernador Manfredotti. Para dejar en claro su postura, precisó que él tiene "animosidad contra los funcionarios que manejan la cosa pública como si fuera cosa propia". En lo referente a la denuncia por el cierre del Ejercicio 2004, refirió que de antemano sabía que la Cuenta General de la Administración Central no iba a cerrar en lo que hace al gasto de los recursos del Estado "porque (Colazo) no podía justificar en qué gastó los ingresos" porque había habido un "apoderamiento" ilegal "de los dineros públicos" de parte del Gobernador, para poder mantener un "estilo de vida escandaloso" que no se puede sostener con "un sueldo exiguo como el del Gobernador". Quedó patente la impresión que esta denuncia presentada ante la Legislatura tuvo como finalidad intentar desnudar el potencial uso indebido de los recursos públicos, en benéfico personal, y servir como elemento de prueba en la denuncia penal que por supuesto enriquecimiento ilícito presentó De la Riva contra Colazo.
A instancias de una consulta formulada por el legislador Raimbault –uno de los tres parlamentarios fiscales del proceso–, De la Riva se explayó sobre el denunciado incremento patrimonial que Colazo no habría incorporado a su declaración jurada de bienes, al que estimó en el orden de los 1,4 millones de pesos. En tono resignado reconoció que "la sociedad acepta que los políticos sean ricos. Lo que no acepta es la ostentación de esa riqueza", y afirmó que "Colazo se excedió en todo lo que está socialmente tolerado".
El doctor Luis Felipe Ricca, al igual que los parlamentarios, formuló muy pocas preguntas al testigo. Una de ellas apuntó a saber si De la Riva conocía el contrato de asistencia financiera firmado entre la Provincia y el Municipio, que desde la perspectiva gubernamental justificó la cuestionada retención de fondos de coparticipación. Otra tuvo por finalidad que De la Riva reconociera que "es afiliado o simpatizante del ARI".
En fugaz contacto con la prensa, Ricca cuestionó el tenor de la declaración de De la Riva, ya que dijo que gran parte de ella estuvo referida "a la comisión de un delito común que es el enriquecimiento ilícito y no al objeto procesal de este juicio político".
Al inicio de la sesión, el abogado defensor del suspendido Gobernador había presentado un nuevo pedido de recusación contra los legisladores Löffler, Guzmán y Vargas, que fue rechazado por las mismas razones esgrimidas para no hacer lugar los que había formulado con anterioridad. Por otra parte, había ingresado una denuncia por violación al principio de publicidad que rige el proceso de juicio político, ya que argumentó que el lugar elegido para sesionar (la presidencia del Parlamento) no garantizaba el ingreso de público al recinto, por lo planteó la nulidad del acto y formuló reserva de caso federal en caso de que su presentación fuera desestimada, como finalmente ocurrió. En este punto, los legisladores sostuvieron que con el libre acceso a los medios de prensa y la difusión televisiva de la sesión se cubría adecuadamente el requisito de publicidad exigido por la ley. Incluso, el legislador Velásquez sostuvo que si Colazo y si abogado estaban tan preocupados por dar amplia publicidad al proceso, bien podría el suspendido Gobernador –que por ese entonces se mantenía al frente del Poder Ejecutivo– ordenar que las sesiones fueran transmitidas en vivo por los canales estatales.
Además, el ex camarista de la Justicia fueguina ingresó una crítica el lugar que le fuera asignado durante la sesión pasada, ya que le imposibilitaba cumplir de manera adecuada su función. Este planteo fue rechazado por abstracto, ya que ayer se le había reservado un lugar junto a los demás actores del proceso.