l presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, deberá presentarse el máximo próximo ante la comisión de Presupuesto para brindar precisiones sobre el contrato de locación de servicios firmado entre el ente y el estudio jurídico Gil Lavedra – Romero – Acuña y Asociados.
La convocatoria surgió a raíz de la consulta que el Tribunal de Cuentas formuló a la mencionada comisión, respecto de la necesidad de que la Dirección de Puertos deba contar o no con autorización legislativa para modificar su presupuesto.
En virtud de ese requerimiento, y a instancias del arista José Martínez, los integrantes de la comisión de Presupuesto creyeron conveniente citar al responsable de la Dirección de Puertos para que aporte toda la información vinculada con esta contratación por 55 mil pesos, que tenía por finalidad brindar asesoramiento respecto de la obra Puerto Caleta la Misión, de Río Grande, como así también copia del informe denominado "Reinicio Obras del Puerto Caleta La Misión" que habría elaborado el mencionado estudio jurídico. Vale recordar que el doctor Ricardo Gil Lavedra fue el primer abogado patrocinante del gobernador Jorge Colazo, en las presentaciones judiciales que éste hizo ante el Superior Tribunal de Justicia para cuestionar la suspensión en el cargo dispuesta por la Sala Acusadora durante el mes de septiembre; la constitucionalidad de dos artículos de la Carta Magna provincial y los procesos de juicio político que, por ese entonces, se instruían en su contra.
Para el arista resulta de sumo interés conocer cuál fue la labor desarrollada por esos profesionales del derecho, habida cuenta que a principios de esta semana se conoció que la UTE encargada de la obra le reclamaba unos 11 millones de pesos a la Provincia por la paralización de la construcción.
¿Modificación de partidas o presupuesto sobreejecutado?
En el mencionado encuentro se descarta que también se consulte a Murcia sobre si la Dirección a su cargo modificó la partida de personal, para cubrir gastos salariales por encima de la pauta presupuestaria aprobada.
Tanto en este caso, como en la modificación de partidas que se habría concretado para hacer frente al pago del contrato con el estudio Gil Lavedra y Asociados, está en discusión entre el Tribunal de Cuentas y la DPP, la facultad que tiene el organismo para disponer por sí ese tipo de modificaciones presupuestarias. La Dirección de Puertos sostiene que puede realizar "por decisión propia la asignación de créditos a nivel de subpartidas" sin que ello implique una violación a la normativa vigente. Por su parte, para el Tribunal de Cuentas la facultad que se arroga la Dirección de Puertos podría colisionar directamente con el artículo 11 de la ley de presupuesto 2005, que estableció que "...los organismos descentralizados podrán proponer modificaciones presupuestarias (...), las que deberán ser sometidas a la ratificación del Poder Ejecutivo y posteriormente deberán contra la debida autorización legislativa...". Justamente, para despejar todo tipo de dudas, es que se requiere que la comisión de Presupuesto se expida sobre el alcance que debe darse al mencionado, "en lo que respecta al grado de desagregación por la cual es necesaria la comunicación y autorización legislativa". La definición de esta cuestión adquiere especial relevancia, ya que a pesar de las observaciones formuladas al respecto por el Tribunal de Cuentas, Eduardo Cóppola –como presidente de la DPP–, dispuso el pago del contrato "bajo su exclusiva responsabilidad".
