ficiales de la División Policía Judicial allanaron ayer, por orden del juez de Primera Nominación, Javier de Gamas, las oficinas donde funciona la Dirección Provincial de Rentas, logrando secuestrar una importante cantidad de documentación de empresas proveedoras del Estado en el marco de la causa donde se investiga la utilización de unos 8 millones de pesos en anticipos con cargo a rendir en la gestión manfredottista.
Este procedimiento se suma a los 14 allanamientos realizados el año pasado en la causa caratulada "Martínez José, Raimbault Manuel s/denuncia expediente Nº 16.467", iniciada durante los primeros meses de 2004.
La causa que se encuentra en plena etapa investigativa intenta dilucidar la existencia o no de una contabilidad paralela en el gobierno de Manfredotti y el destino de los fondos anticipados a funcionarios de esa gestión.
Cabe destacar que el Tribunal de Cuentas había emitido un dictamen el año pasado, señalando que se detectaron más de una veintena de casos de otorgamientos de fondos sobre los cuales no existían expedientes y que habría ocasionado un supuesto perjuicio al Estado por 8 millones de pesos. De acuerdo a los expedientes auditados, de unos 30 millones de pesos que el Estado pagó a proveedores y prestadores de servicio, por lo menos 8 millones no habían sido rendidos.
Las irregularidades detectadas alcanzarían el pago con anticipos a 26 empresas y proveedores, donde en principio se detectó la falta total de documentación que respalde dichas liquidaciones. Otro dato llamativo para la Fiscalía es que en ningún caso los libramientos detallan la debida contraprestación realizada hacia el Estado provincial.
Estos proveedores percibieron cobros por montos muy significativos a través de libramientos en periodos muy acotados –últimos 3 meses de la gestión de Manfredotti– y, en su mayoría, al poco tiempo de iniciar sus actividades.
El legislador Manuel Raimbault había dejado entrever tiempo atrás cierta lentitud entre la investigación por los anticipos a Manfredotti, la cual marcha muy lenta, y la de Colazo, donde la jueza María Cristina Barrionuevo ha avanzado de manera significativa determinando procesamiento a varios imputados.
