on el voto de los legisladores de las bancadas del Partido Justicialista, Movimiento Popular Fueguino y del Frente de Unidad Provincial, la Legislatura sancionará la ley de presupuesto para el ejercicio en curso, la ley de ministerios y la nueva ley impositiva para Tierra del Fuego.
Según lo acorado durante la tarde noche de ayer en la reunión de la comisión de Economía del Parlamento, el dictamen que firmará la mayoría contendrá diversas modificaciones respecto del propuesta presupuestaria presentada por el Gobierno durante el pasado mes de mayo, el que ya contemplaba una serie de cambios en comparación con el que fuera elevado a fines del mes de marzo de este año.
Igual panorama se presentará en lo que hace a la ley impositiva que será aprobada mañana, ya que la norma que votarán los legisladores presentará sensibles modificaciones respecto del proyecto gubernamental. Trascendió que, entre otras, se incrementarían las alícuotas del impuesto inmobiliario rural como así la de ingreso brutos para la actividad pesquera marítima.
Tanto en el caso de estas dos leyes como en la de Ministerios, el bloque del ARI presentará dictámenes en disidencia.
136 millones de déficit
Según la información a la que pudo acceder este medio, la ley de presupuesto 2006 –que será aprobada cuando ya transcurrió el primer semestre del año– contemplará gastos por 1403 millones de pesos e ingresos por 1267 millones de pesos, y por ende una necesidad de financiamiento del orden de los 136 millones de pesos.
Del total de recursos, cerca de 1100 millones estarán destinados a cubrir gastos corrientes y unos 340 millones a gastos de capital.
La mayor porción de recursos –poco más de 1000 millones– corresponderá al Poder Ejecutivo. Al Poder Judicial se le asignaron 44, 8 millones de pesos; 24,1 millones a la Legislatura, y casi 320 millones a los organismos descentralizados.
En materia de empleo público se autorizarán 13.604 cargos para la Administración Pública Provincial, más otros 304 para los organismos de la seguridad social; por lo que el Estado provincial estará autorizado a dar empleo a 13.900 personas; por lo que Tierra del Fuego contará con 1 empleado público cada 9 habitantes.
El proyecto que se convertirá en ley contemplaría únicamente como herramientas financieras, la autorización para que el Ejecutivo pueda emitir letras de tesorería pro 20 millones de pesos y la posibilidad de solicitar hasta 16 millones de pesos al BTF para hacer frente a las obligaciones salariales del Estado.
Por otra parte, se elevaría el total de recursos que percibirá la Comuna de Tolhuin, ya que su participación en los fondos coparticipables se elevará del 0,5% al 1,1%.
También se incorporarán al proyecto de la mayoría una serie de recomendaciones efectuadas desde la comisión de educación al presupuesto de la cartera. A modo de ejemplo, en unos de los artículos de la ley se dejará expresa constancia que los recursos necesarios para solventar las actividades previstas para las áreas de Deporte y Juventud no se tendrán en cuenta para calcular el porcentaje presupuestario que por ley debe afectarse a educación, que para este año es equivalente al 23% del total de ingresos.
A diferencia de esta propuesta, el ARI propondrá dejar de lado el debate y aprobación del presupuesto 2006 por considerar que no resulta coherente sancionarla, cuando las previsiones contempladas originalmente resultan inadecuadas por el simple hecho de que ya ha transcurrido la mitad del ejercicio fiscal. Por ello se considera más adecuado que el Gobierno eleve un informe mensual con los mayores ingresos percibidos por la Provincia, acompañado de un esquema de reparto de estos para fortalecer aquellas partidas del presupuesto 2005 que lo necesiten, para que sea aprobado por el Parlamento. El dictamen en minoría plantearía también que el Gobierno deba presentar a fines de agosto un presupuesto plurianual.
También se dará tratamiento en sesión a un proyecto de ley que establecerá la obligatoriedad de que el Estado contrate únicamente con empresas que cumplan con los convenios colectivos de trabajo que rijan su actividad. La propuesta dejaría en manos de los gremios el contralor del cumplimiento empresario.
Se espera también que hoy se resuelva la situación generada en torno a la licencia solicitada por el legislador Sciutto y por el Secretario Administrativo del Cuerpo.
