os procesamientos contra ex funcionarios del destituido gobernador Jorge Colazo no se detienen, y esta vez le tocó el turno al ex ministro de Economía, Roberto Murcia, a quien le imputaron el presunto delito de malversación de caudales públicos por el manejo irregular de un fondo de 10.300.000 pesos que debían ser destinados a cuatro obras públicas, informaron fuentes judiciales.
El juez de Instrucción de Primera Nominación, Javier de Gamas Soler, procesó a Murcia por el delito de malversación de caudales públicos. En la misma resolución, De Gamas procesó a Gisella Guastella, quien era integrante del gabinete económico y se desempeñaba como Tesorera General del colacismo.
En julio de 2004, la Legislatura aprobó la ley 628, mediante la cual autorizó a Colazo a disponer hasta la suma de 10.300.000 pesos del Fondo de Financiamiento de la obra del Puerto Caleta La Misión, creado a partir de la ley 566.
Mediante la 628 se le otorgó la autorización al Ejecutivo para realizar las siguientes obras: Planta potabilizadora "El Tropezón", en la cual se iban a invertir 1.300.000 pesos; la remodelación de la Escuela de Hotelería "Los Yaganes", que demandaría una inversión de 4.500.000 pesos; la conclusión de la Ruta Nacional Nº 3 en el tramo San Sebastián Río Grande, por 3.000.000 de pesos; y el nuevo edificio del Ministerio de Hidrocarburos en Río Grande, con una erogación de 1.500.000 pesos.
Según denunció el secretario Legal y Técnico de Cóccaro, el doctor Miguel Longhitano, el 30 de enero del corriente año, los 10.300.000 fueron acreditados el 10 de julio de 2004 en una cuenta corriente bajo la denominación de "Fondos de Afectación Específica". Pero el 12 de abril de 2005, luego de haberse ordenado varias transferencias y tras el dictado de la resolución 244/05 del Ministerio de Economía, que autorizaba a la Tesorería General a disponer de excedentes financieros, Guastella habría ordenado mediante nota 749/05 al Banco Tierra del Fuego que debite de la cuenta de "Fondos Afectación Específicas" 6.000.000 de pesos. Este dinero posteriormente fue a parar a la Cuenta General de Gobierno para ser utilizado con otros fines distintos a los que tenía por ley.
Concretamente, el juez De Gamas entendió que los 6 millones fueron utilizados con un objeto diferente del que habían sido destinados por ley. Por ello procesó a Murcia y Guastella por el presunto delito de malversación de caudales públicos. Hay que aclarar que este procesamiento no implica que se hayan sustraídos los fondos como sí se ha determinado –prima facie– sucedió en otros casos de funcionarios colacistas. El aparente delito consistiría en desviar dinero que tenía un fin determinado, para ser utilizado en otros gastos de la administración.
Por otra parte, según consta en el expediente, las obras de remodelación de la Escuela de Hotelería "Los Yaganes" y el nuevo edificio del Ministerio de Hidrocarburos en Río Grande no fueron realizadas. Algo muy característico del gobierno de Colazo, sobre todo en lo concerniente a los anticipos con cargo a rendir.
