l Municipio aguardará una orden judicial para desalojar a las 37 familias que se instalaron en las últimas dos semanas en el morro de "La Bolsita". Ayer se hicieron presentaciones en la justicia Provincial y Federal. En ambos casos se esperaba una definición en las próximas horas. Recién por la tarde, la Policía instaló consignas permanentes en todos los accesos. El secretario de Gobierno Héctor Stefani dijo que detrás de la masiva usurpación existe un "móvil político" en el que se esconde un sector del justicialismo fueguino.
A pesar que anteanoche la Policía ubicó a un agente en el acceso principal de La Bolsita, recién desde las 16 se detuvo el ingreso de materiales de construcción en la zona de tierras fiscales. Eso ocurrió después de un encuentro en Casa de Gobierno entre el ministro Coordinador Enrique Vallejos, autoridades municipales y concejales.
Allí el funcionario dio su compromiso de redoblar la seguridad para impedir que crezca el asentamiento ilegal.
En ese morro, que se ubica entre Vito Dumas, Perito Moreno y 17 de Octubre, cruza el gasoducto de alta tensión y un cable subterráneo de 33 mil voltios. El director de Energía, Sergio Raimundo, aseguró que el asentamiento en ese sector representa una situación de "mucho riesgo"; y aclaró: "Cualquier vecino que accidentalmente toque ese cable realizando un pozo podría sufrir una fuerte descarga provocándole la muerte inmediata".
Desde el Municipio se encargaron de agregarle condimento político a la usurpación:
"Detrás existe un móvil político orientado a generar crisis e inestabilidad en las instituciones. A río revuelto, ganancias de pescadores. No digo que todas las personas respondan a un móvil político, que es muy difícil que cuarenta personas se pongan de acuerdo en intrusar en el mismo momento", indicó Stefani en declaraciones a el diario del Fin del Mundo, que aclaró que sus sospechas apuntan a un sector del justicialismo.
El Ejecutivo Municipal pretendía llevar adelante el desalojo de la zona a través de una orden judicial. La primera presentación se realizó en el Juzgado Civil y Comercial a cargo del doctor Juan José Ureta. En la medida se solicita que se haga lugar a una medida cautelar que permita el desalojo en el morro y que se garantice la presencia policial para evitar nuevos intrusamientos.
Respecto de la segunda denuncia presentada ante el Fiscal Federal Juan Soria, el Secretario de Gobierno aseguró que en ese escrito se insiste en que el delito en el que incurren los ocupantes está previsto y contemplado en los artículos 181, 183 y 184.
"Se analizara si es competente o no, pero estamos previendo la posibilidad de convocar a una institución nacional para que le dé apoyo al municipio", indicó. Y agregó: "El objetivo es desalojar a quienes están intrusando. Se evalúa la posibilidad de aquellos que tengan una situación de extrema crisis social acreditada por la Secretaría de Desarrollo Social se los ubique en un lugar de tránsito, y se espera que se ubicará en la zona del Río Pipo. Al grueso de las demás personas se les pedirá que vuelvan a los lugares a donde vivían".
Anoche la Policía cerraba la calle Vito Dumas para el tránsito vehicular con la orden de prohibir el ingreso de todo tipo de material de la construcción. En ese sector se emplazaron 4 patrulleros, sumado a la presencia de inspectores de tránsito del Municipio.
Para las próximas horas se esperaba que el Juez Federal Federico Calvete haga lugar a una serie de medidas de carácter urgente pedidas por el fiscal Soria, que consistirían en allanar el morro para que la DPE y Camuzzi Gas del Sur demarquen ante la Justicia la peligrosidad de las viviendas ocupando la zona.
En una jornada en la que se esperaban rápidas definiciones, las autoridades comunales y del Concejo Deliberante tuvieron que aguardar por más de una hora y media a que el Ministro Coordinador los reciba en Casa de Gobierno. El funcionario provincial los había citado a las 14, pero recién los recibió cerca de las 16, cuando terminó la sesión del Consejo de la Magistratura en la que se entrevistaban a los abogados postulados para ocupar la vacante que dejó en el Superior Tribunal de Justicia Ricardo Klass.
