a presentación fue realizada por abogados de la Fiscalía de Estado. Además plantearon un recurso de reposición para que el juez Guillermo Penza revise los argumentos que determinaron la suspensión del concurso para cubrir la vacante en la Corte fueguina. Por su parte, el magistrado envió la acordada dictada por el Consejo de la Magistratura al fiscal de turno para que evalúe su procedencia.
La Fiscalía de Estado presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar que dictó el juez Laboral Guillermo Penza, que obligó al Consejo de la Magistratura a suspender la elección del juez para el Superior Tribunal de Justicia.
La presentación fue realizada ayer por abogados del órgano de contralor teniendo en cuenta que el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, se inhibió de actuar por ser parte del Consejo de la Magistratura. Tampoco pudo actuar el fiscal adjunto, Ricardo Francavilla, teniendo en cuenta que es uno de los candidatos en el concurso para cubrir la vacante en la Corte fueguina.
Técnicamente, desde la Fiscalía de Estado –en representación del Consejo de la Magistratura– presentaron un recurso de reposición con apelación en subsidio. La reposición consiste en pedir a Penza revise la medida cautelar adoptada y los fundamentos que lo llevaron a suspender la elección del juez.
Por otra parte, la apelación será elevada a la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones, en la que tendrán que actuar la jueza Josefa Haydé Martín y el recientemente asumido Ernesto Löffler. Si bien se supone que el tema debería ser resuelto brevemente, por otra parte está la posibilidad de que se demore un par de semanas.
Acordada al fiscal
También en horas de la mañana ingresó en el Juzgado Civil y Comercial la acordada emitida por el Consejo de la Magistratura en la que le pedían a Penza revoque la cautelar sin más trámite porque de ahora en más el Consejo de la Magistratura va a fundar las elecciones de los jueces que proponga.
Fuentes judiciales informaron a el diario que Penza recibió la acordada y luego de firmar que se tuviese presente la misma, decidió remitirla al fiscal de turno para que evalúe la procedencia del documento. Desde algunos sectores se especuló ayer con que la acordada y el respectivo pedido de revocatoria de la cautelar por parte del Consejo, podría tomarse como un elemento de presión sobre el magistrado. No obstante, el ministro Coordinador, Enrique Vallejos, desestimó esta posibilidad y pese a admitir su molestia personal con la decisión del juez laboral, a la que consideró desacertada, dijo que la acordada emitida "se enmarca en el plano institucional que la Constitución le ha conferido al Consejo de la Magistratura.
